Los denominado planes experimentales de la inmersión gramática en catalán en las aulas de la Comunidad Valenciana representaron el división mayor para borrar el castellano de la enseñanza y asimismo van a ser los primeros derogados con la nueva ley educativa del Gobierno de Carlos Mazón.
A partir del próximo curso, dos centenares de centros los suprimen y se adaptan a la nueva legislatura, aunque mantienen un importante tiempo laboral en valenciano porque fueron planes voluntarios elegidos por las familias. No obstante, la plataforma de madres y padres -y docentes- Idiomas y Educación matiza esa teórica suelto referéndum, por otra parte de despanzurrar cómo han funcionado en la experiencia.
«En ese tiempo, esos centros han manejado la imposición gramática a su antojo, con programas experimentales que no son experimentales», describen desde esta plataforma, en la que, de entrada, recuerdan el significado del término positivo: «Que sirve de indagación». Y denuncia «los despropósitos del Gobierno precursor, el de PSPV-Compromís, por aplicar programas experimentales en 203 centros educativos cuando no era un indagación, sino una discriminación sangrante con segundas intenciones políticas y separatistas».
Para argumentar esta afirmación, indican que «el Botànic asimismo incumplió sus propias leyes, al imponer Programas Lingüísticos de Centro en donde la materia troncal en castellano era Religión, es opinar, no era troncal».
Desde otra plataforma, Hablamos Castellano, asimismo se denunció como durante el precursor mandato se inflaban las horas de clase en castellano contabilizando Religión y otros tiempos aún más esperpénticos, como las horas de estudio, para hacer los deberes o de consultas a los profesores (tutorías) o asimismo las de funciones de teatro, tal como reveló torrevieja news today.
Y asimismo incumplió -según Idiomas y Educación- los porcentajes e «incluso falsearon las cifras publicadas en la Orientación de Centros de Internet, donde sólo difundían un porcentaje para cada centro, cuando la efectividad es que cada curso contaba con un porcentaje diferente; y la efectividad era que siempre los porcentajes reales eran superiores, a valía del valenciano».
En conclusión, «todo un despropósito y para el próximo curso, la nueva Conselleria, al menos en estos programas experimentales, se ha comprometido a desactivarlos», reconocen, aunque no aceptan por completo las primeras medidas adoptadas contra la inmersión gramática en las aulas.
Sin retención, «no se ha atrevido a desactivar el requisito lingüístico, ni para este próximo curso ni para el sucesivo, ya que la exigencia va con la condición de funcionario, no con la plaza que requiere esa jerga vehicular».
A pleito de Idiomas y Educación, esta exigencia del título de valenciano para ejercitar la función pública «es la deficiencia, porque transforma a los docentes en adoctrinadores; y porque chantajea a los padres para que sus hijos pierdan su jerga materna a cambio de acercarles a las posibilidades de ser funcionario».
Por lo tanto, su cómputo resulta agridulce. «Aunque los programas experimentales sí serán frenados, la nueva ley PP, aprobada con el apoyo de Vox, no soluciona ni el 10% de los problemas que ha creado el Gobierno del Botànic». Y remiten para un disección más pormenorizado y amplio de toda la ley, a una serie de ocho vídeos difundidos en su web.
«Para saltarse los porcentajes mínimos de cada jerga»
Por otra parte, recuerdan que esos colegios optaron en el curso 2019/2020 por aplicar programas plurilingües experimentales «para saltarse los porcentajes mínimos de cada jerga cooficial». Y aseguran que la Conselleria -en aquel momento gobernada por Compromís internamente de la coalición con el socialista Ximo Puig- «autorizó 203 programas de Pueril (de tres a seis abriles) en los que no ha existido ni una hora de castellano».
Por otra parte, subrayan que esa efectividad se escamoteó con total desliz de transparencia: «La Orientación de Centros Docentes de la Conselleria de Educación, accesible en Internet, ofrece datos de porcentajes que aplica cada colegio pero en el caso de la enseñanza Pueril (incluido el segundo ciclo) no hay información sobre el peso de las lenguas… Una verdadera vergüenza».
Desde Idiomas y Educación apuntan que el artículo 8 de la ley de entonces estipula textualmente que «la Conselleria competente en materia de Educación podrá autorizar programas plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los objetivos establecidos en esta ley». En la experiencia, ese precepto dio cobertura a las intenciones de los independentistas. «Atención a la barbarie: «aventajar» los objetivos significaba discriminar, es opinar, elevar el valenciano y eliminar el castellano».
No estaba expresado así sobre el papel, evidentemente, sino que «los objetivos a que se refiere esa ley eran: respaldar el logro de una competencia plurilingüe; la igualdad de oportunidades y la integración en la sociedad valenciana; y posibilitar la normalización del uso social e institucional del valenciano».
Sin retención, en las disposiciones transitorias de otra ley, en este caso aprobada en enero de este año tras el cambio de color político al frente de la Generalitat Valenciana, en la primera se establece que hasta la implantación, en septiembre de 2025, se aplicará el software lingüístico establecido por las disposiciones vigentes, con la excepción de los programas experimentales que hubiesen sido autorizados en virtud del artículo 8 la norma de 2018.
«Con ello, queda claro que los programas experimentales quedarán suprimidos», concluyen en esta asociación, lo que coincide con el anuncio a finales de julio del coetáneo conseller, José Antonio Rovira (PP). No obstante, «Idiomas y Educación considera que la Conselleria llega un año tarde y deberían estar suprimidos desde hace un año».