Asegura que un rechazo categórico por parte del resto de grupos del Parlamento será lo que reciba cualquier tipo de “amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito”. Es el acuerdo que el presidente gallego, Alfonso Rueda, espera cultivar para evitar que se produzca el escenario que temes en el marco de las negociaciones entre el socialista Pedro Sánchez y los independentistas catalanes: la promesa de un indulto colectivo a los acusados de Junts para el referéndum de 2017 a cambio de facilitar su toma de posesión como Presidente del Ejecutivo.
La petición, ya registrada en el Pazo do Hórreo, cuenta con el apoyo de todos los diputados populares, que, en su mayoría parlamentaria, impulsan su debate en pleno debido al trámite de urgencia. Según pudo recabar Europa Press de fuentes del PPdeG, la iniciativa defiende el precepto constitucional de que “el Estado de derecho es expresión de la voluntad popular” y que dicho régimen jurídico “compromete a su cumplimiento a todos los poderes”. Así, el PP gallego también se extiende a los partidos mayoritarios en el Estado su búsqueda de acuerdos que impidan que “la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de los partidos independentistas”; escenario que, temen, traería consigo esa hipotética ley de amnistía o indulto general que podría aprobarse a raíz de las conversaciones entre Sánchez y los políticos de Junts.
Distinguido del perdón del 77
En su demanda, los populares argumentan que la situación que da lugar al actual debate es diferente a la de 1977, cuando se aprobó la amnistía para los condenados y procesados por delitos de rebelión y sedición durante la Guerra Civil y el franquismo. Eso, sostienen, “fue una demanda social y un desafío necesario e imprescindible al ordenamiento jurídico de la dictadura”; y reconocen que “fue uno de los instrumentos con los que se puso fin a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino hacia la democracia”. Pero, señalan, cuando se tramitaba la Constitución de 1978, se debatió cómo abordar las amnistías y se rechazó que las Cortes podría ser competente. En cambio, »se aprobó el artículo 62, que prohíbe los indultos generales«, argumenta el PPdeG, que insiste en que el perdón, tal y como regula la Ley de Indulto, “Debe ser individualizado y nunca generalizado”.
Señalan una iniciativa registrada en el Congreso en 2021, también en línea con la ley de amnistía, que fue rechazada por el Gobierno de Sánchez y acusan al líder catalán, Carles Puigdemont, de condicionar ahora “la gobernabilidad de España” a la aprobación de una iniciativa similar ley que favorece, entre otros, a los procesados por el referéndum de 2017. Porque el escenario legal sigue siendo la misma que hace dos años, pero las circunstancias políticas no, la creencia popular. Acusan a Sánchez de haberse “abierto” a esta opción, que condenan como un “intento desesperado por retener la Presidencia”. El “precio inasequible” de tal acuerdo, critican, sería “deslegitimar el Estado de derecho”.