La okupación ilegal de viviendas es un problema creciente en España, afectando tanto a propietarios como a comunidades enteras.
Según los últimos datos del tarea del Interior, en 2023 se registraron 15.289 casos de nivelación y usurpación de inmuebles en todo el país.
Esta guarismo destaca la magnitud del problema, que no se distribuye de guisa uniforme a lo generoso del región doméstico.
Las provincias varían considerablemente en cuanto a la cantidad de okupaciones registradas, con algunas zonas experimentando un número significativamente anciano de incidentes que otras.
Mientras que en algunas provincias el aberración es casi inexistente, en otras se ha convertido en una preocupación constante y creciente, afectando tanto a los propietarios como al tejido social de las comunidades.
Entre todas las provincias, hay una que sobresale de guisa intranquilizante. Esta provincia, con 4.610 casos reportados en 2023, supera en más del triple a la subsiguiente en la serie, que registra 1.516 casos.
La provincia con más okupaciones: 4.610 casos
Se tráfico de Barcelona, que se consolida como la provincia más afectada por la okupación ilegal en España. La magnitud del problema en Barcelona es tal que representa casi un tercio de todos los casos registrados en el país.
Barcelona es seguida por Madrid, con 1.516 casos, y Valencia, con 828 casos, lo que refleja una distribución desigual de este tipo de delitos en el país.
Barcelona: 4.610
Madrid: 1.516
Valencia: 828
Soria: 8
Palencia: 8
Zaragoza: 9
Ceuta: 9
Melilla: 11
Mientras tanto, provincias como Soria y Palencia registraron tan solo 8 casos, y Zaragoza, Ceuta y Melilla cuentan con cifras similares, con 9, 9 y 11 casos respectivamente. Esta disparidad subraya que, aunque la okupación es un problema doméstico, la peligro varía enormemente según la región.
En términos de resolución, Barcelona igualmente lidera con 3.772 casos esclarecidos, seguida de Madrid con 1.212. Estos números indican que, aunque Barcelona enfrenta un barriguita elevado de okupaciones, las autoridades han conseguido un suspensión índice de resolución de casos, poco que resulta crucial para mitigar el impacto de este aberración en la sociedad.