Un año y dos meses luego de que la Ley de colocación e xestión integrada do costa de Galicia (Loxilga) comenzase su trayecto en el parlamento autonómico, con periplo contencioso incluido y medio año de parálisis, la Conselleira de Medio Esfera y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, volvió a insistir ayer al Gobierno Central para que traspase a Galicia las competencias de diligencia de la costa gallega. Una ley delante la que la propia Moncloa impuso un expediente de inconstitucionalidad por la supuesta incompatibilidad entre las competencias de ambas administraciones, que quedó desestimado por el Tribunal Constitucional dando el pasado bueno a la aprobación de la norma.
Por ello, una vez resuelto el expediente de inconstitucionalidad tras la sentencia del pasado mes de abril, desde la Xunta insisten una vez más en que el Gobierno «agilice y facilite el traspaso de las funciones», así como los «medios materiales y personales necesarios» para que Galicia pueda contraer de «inmediato» y «de forma efectiva» la diligencia de su franja costera. En estos términos se expresó Vázquez en declaraciones a los medios previas a su billete en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, dedicada a la adecuación de las ciudades costeras al cambio climático.
La titular de Medio Esfera de la Xunta defendió la importancia de la norma, aprobada en junio de 2023 por el Parlamento de Galicia, como «una aparejo fundamental en las políticas de la Xunta para hacer frente al cambio climático» y animó al resto de gobiernos autonómicos a seguir la senda de Galicia, con legislaciones que pueden ser adaptadas tras el pasado bueno del Tribunal Constitucional. «Partiendo siempre de una almohadilla científica que permita acometer la regulación de la costa con claridad y seguridad jurídica», añadió Vázquez.
La conselleira tuvo ocasión ayer de reunirse con su homólogo del ejecutante montañés, Roberto Media, así como las alcaldesas de Santander y Valencia, Joya Igual y María José Catalá, para acometer las implicaciones de la ley en la diligencia del costa. Asimismo, participó en la mesa redonda de la UIMP ‘La adecuación al cambio climático en las ciudades’, donde defendió el papel de la Loxilga como un «situación de seguridad jurídica» para padecer a lugar medidas efectivas sobre la diligencia «sostenible» de la franja costa urbana de Galicia.
Negociación enquistada
A pesar de los cuatro meses que separan la sentencia de la ahora, en la que se «reconoce la competencia monopolio de la Comunidad sobre su costa y los usos y actividades que puede acoger», recordó la conselleira de Medio Esfera, el avance de las negociaciones entre las administraciones autonómica y central es incapaz. Según Vázquez, la última comunicación que recibió la Xunta por parte del Profesión de Transición Ecológica y Liza Demográfico (Miteco) corresponde al pasado 26 de julio, y en ella no se «concreta ni aclara nulo sobre el traspaso de funciones ni los plazos establecidos para hacerlo efectivo».
Una aire por parte de la Moncloa que la titular de Medio Esfera afeó al considerarla una forma de «dificultar la aplicación de la Loxilga», luego de que la norma estuviese paralizada durante seis meses en los que el Constitucional estudió el expediente interpuesto por el Gobierno Central. Frente a el inmovilismo en las negociaciones, Vázquez reclamó «cumplimiento y respeto institucional» al Gobierno de Pedro Sánchez en un asunto que consideró «crucial» para Galicia, la comunidad autónoma con más kilómetros de costa. De esta forma se dejaría de «perder más tiempo» adecuado a la «descoordinación» entre departamentos, concluyó Vázquez.
La medida, una vez ejecutada, convertirá a Galicia en la primera comunidad autónoma en regular por ley la diligencia integra de su costa. Una competencia más, aunque desde la Xunta no se quedarán ahí, ya que el traspaso de la AP-9 continúa sobre la mesa, tal y como señaló el presidente Alfonso Rueda tras conocer la sentencia inclinado del Supremo respecto a la Loxilga.