Pere Aragonès, quien acaba de dejar su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña, recibirá una pensión vitalicia de más de 9.000 euros al mes durante la próxima sesión, lo que equivale al 80% de su salario antedicho. Esta compensación es incompatible con otros ingresos provenientes de sueldos públicos o privados.
Por otra parte, Aragonès ha decidido rasgar su propia oficina de expresidentes, una actos popular entre los exlíderes catalanes. Esta oficina aún no tiene una ubicación establecida, y será dirigida por Helena Ricomà, quien fue su jefa de aposento durante su mandato. Aragonès sigue los pasos de otros expresidentes, como Carles Puigdemont, en cuanto a perdurar una presencia activa y un equipo de apoyo tras dejar el cargo.
Esta retribución forma parte de los beneficios que reciben los expresidentes de la Generalitat, en un esfuerzo por apuntalar su estabilidad financiera y permitirles continuar participando en la vida pública y política de Cataluña. Por otra parte del salario, Aragonès tendrá derecho a medios adicionales para la operación de su oficina, aunque la ubicación y el equipo completo aún están por definirse. Esta situación ha generado diversas opiniones en la sociedad catalana, especialmente en un contexto de tensiones políticas y económicas.
¿Cómo funciona en otras comunidades autónomas?
Los expresidentes de comunidades autónomas en España reciben sueldos vitalicios que varían según cada región. Estos sueldos suelen ser un porcentaje del salario que percibían en el cargo, y a menudo incluyen otros beneficios, como oficinas y personal a su disposición.
Sin secuestro, la cantidad exacta y las condiciones de estos sueldos dependen de la estatuto autonómica específica. Este sistema ha generado debates sobre la aprieto y la equidad de tales retribuciones en el contexto político y financiero presente.
Por ejemplo, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra ofrecen sueldos para los expresidentes de la región pero por un tiempo acotado. Castilla-La Mancha, Castilla y Bravo y la Comunidad Valenciana ofrecen un puesto a los expresidentes en su Consejo Consultivo. En el caso de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja, como recogen sus leyes autonómicas, no ofrecen ni un sueldo a sus expresidentes ni un puesto en sus Consejos Consultivos.
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