El Comunidad alicantino de Dénia -gobernado por el PSPV-PSOE, Compromís y Gent de Dénia- «excluye a aspirantes por carecer del requisito lingüístico», tener el título de catalán, en un proceso de selección de personal para una residencia municipal de personas mayores.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ha denunciado adicionalmente el diferente trato para unos interinos frente a otros con «una situación de incertidumbre y de clara desigualdad, en la que a ciertos altos mandos municipales se les alargan los plazos a su conveniencia, mientras que a otros de categorías inferiores se les ha necesario cumplirlos en el interior del calendario y han sido excluidos».
Como informes de esta situación, desde el SEP señalan que en 2021, antiguamente de iniciar el proceso de consolidación de plazas permitido por la reglamento estatal para la reducción de la temporalidad, este sindicato propuso que se aplicará una moratoria de tres primaveras en la aplicación del requisito lingüístico.
Su intención era que aquellos interinos que habían accedido a sus puestos sin esa exigencia del título idiomático de valenciano-catalán «no se vieran afectados por la previsible litigiosidad que se plantearía». Y aclaran que «no se trataba de eliminar el requisito lingüístico, sino de aplicarlo con sentido popular y garantías jurídicas».
Sin bloqueo, esta propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno y por el resto de los sindicatos. Y una vez descartada esta opción, la aplicación del requisito debería ser igual para todos, aunque no fue así: «Primero llegó la pega de los que venían por turno de movilidad, luego de los que iban por promoción interna, los de restablecimiento de empleo, y así una cinta de excepciones que se ha ido ampliando», relatan.
Por otra parte, se da ahora una circunstancia nueva. «Este mes, adecuado a una resolución jurídico, se han tenido que suspender mediante su correspondiente publicación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) las convocatorias de las plazas de directora de la residencia y la plaza de pinche que ocupaba el coordinador de servicios generales de la residencia, a la paciencia de que se pronuncie el TSJ sobre el tema», indican.
Esta paralización perjudica, en primera instancia, al resto de aspirantes que ya habían presentado la documentación y sí que cumplían con los requisitos. «Sorprende que estas dos convocatorias, que tenían que estar acabadas hace meses, según el calendario previsto, se hayan mantenido sin avanzar hasta la aparición de esta resolución jurídico de suspensión que sí que se ha trabajador rápidamente», subrayan desde este sindicato.
Igualmente, muestra su extrañeza en que si la argumentación de la resolución jurídico es que hay que esperar a que el TSJ fije doctrina sobre la aplicación del requisito lingüístico, «al resto de procesos en marcha no se les aplique el mismo criterio, ya que la situación en la que quedan los aspirantes excluidos es la misma, independientemente de que hayan o no denunciado».
Excepto de lo que consideran estos agravios, desde el SEP advierten de otras posibles repercusiones, en caso de que no se exija el título de catalán. «Aunque es previsible que el TSJ estime el procedimiento presentado por el Comunidad y confirme la validez del requisito lingüístico, si se suspendiera pondría en peligro de anulación todos los procesos de estabilización en marcha y los ya celebrados».
No obstante, no creen que los dirigentes municipales vayan a recordar. A su inteligencia, la posible invalidación del proceso de selección de esos funcionarios «es un aventura que el equipo de gobierno asume con elegancia, ya que lo han generado con sus denuncias sus propios altos cargos, a los que todo se les permite; será sin duda porque les avala su brillante dirección», opinan.