El coste del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo marca el verano político en Galicia


En un verano en el que, de momento y por suerte, no se han registrado grandes incendios en Galicia, la presente política veraniego en la Comunidad está monopolizada por el supuesto sobrecoste de la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El PSdeG y el BNG, que se afanan en sacudir un noticia del Consello de Contas que calculó a un sobreprecio de 470 millones de euros por el maniquí de anuencia seleccionado para construirlo, han fracasado este miércoles en su intento de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparezca en el Parlamento autonómico para dar explicaciones sobre una valentía que, en ingenuidad, se tomó durante la Presidencia de su antecesor, el ahora líder doméstico del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La mayoría absoluta del PPdeG en la Cámara autonómica, sin requisa, ha recostado por tierra, en la Diputación Permanente, las intenciones de la concurso de citar al mandatario gallego para un futuro pleno extraordinario que tuviese la cuestión del Álvaro Cunqueiro como único punto del día. La propuesta llegaba a la Diputación Permanente bajo el ayuda del BNG, pero además la secundaron los socialistas gallegos y Armando Ojea, el solitario diputado de Democracia Ourensana, el partido del controvertido corregidor de Orense, Gonzalo Pérez Jácome.

Pero todo cayó en saco roto cuando la mayoría del PP aplastó las intenciones de la concurso de convocar un pleno para que Rueda dé explicaciones, desenlace que, por otra parte, ya estaba escrito. Alberto Pazos, portavoz parlamentario del PP, defendió esa negativa a citar al presidente de la Xunta con el cuchillo entre los dientes y, como en él es habitual, tirando de aquella técnica que considera que la mejor defensa es un buen ataque: acusó a los nacionalistas de retorcer el Reglamento de la Cámara de forma «espuria» para intentar «suscitar amenaza social».

En síntesis, lo que había concluido el Consello de Contas, y que puso adverso sobre blanco en un documento publicado a principios de mes, es que habría sido más competente licitar la obra de construcción y los servicios del hospital por separado, y no de la forma en que lo hizo la Xunta: de forma conjunta y con un concierto público-privado.

Munición para PSdeG y BNG

La concurso lleva desde entonces intentando no desperdiciar esa munición para arremeter contra el gobierno autonómico a través de comunicaciones y declaraciones a la prensa. Y este miércoles, con la Diputación Permanente como entorno, Montse Prado, responsable de temas sanitarios del BNG, ha inculpado al PP de ser unos «auténticos trileros» por la «estafa» del hospital, «un negocio sin rodeo para la concesionaria y ruinoso para la sociedad gallega». La Xunta –concluye el BNG– echó mano de un «escandaloso» maniquí de financiación: «Puro y duro neoliberalismo para dar negocio al haber».

Las críticas cerca de la Xunta fueron similares por parte de nacionalistas y socialistas. Cuando tomó la palabra el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, este apostilló, igual que había hecho la portavoz del BNG, que, encima, el hospital acabó siendo «más caro y más pequeño» de lo previsto, pero sin humillar el coste por ello.

Besteiro además criticó, leyendo fielmente un párrafo del noticia del Consello de Contas, que la Xunta se decantase por ese maniquí de concierto privado «sin un observación comparativo previo en términos de eficiencia y operatividad con respeto a una adjudicación de contrasto sabido tradicional».

El líder de los socialistas gallegos cree que esa valentía del pasado se puede rectificar en parte, e insistió en demandar a la Xunta que revierta el anuencia y deje «de seguir pagando a fondos especuladores privados y entregarles parte de la mandato del hospital», para que pase a ser de «titularidad plenamente pública». «Quedan diez primaveras de abonar un canon que es un chollo para la concesionaria y un dolor para los gallegos, podemos resolverlo», añadió el líder del PSdeG.

Y Alberto Pazos respondió. El portavoz parlamentario del PP restó importancia al noticia del Consello de Contas, dejando claro que dicho documento no constata «ninguna irregularidad», sino que analiza dos modelos por los que podría acontecer optado la Xunta. Y Pazos defendió, a renglón seguido, «el maniquí de colaboración público-privada» por el que se decidió entonces el gobierno gallego, ya que hay que entenderlo en un contexto de crisis económica. Gracias a eso, el hospital se hizo «en tiempo récord».

Para inquirir en su explicación, Pazos recurrió al paralelismo de una grupo que va a comprar una casa: «Cualquiera sabe que es más de ocasión adquirirla con medios propios que acogerse a créditos bancarios», pero si muchos recurren a hipotecas es porque priorizan «tener un techo» antaño de «alargar» el proceso de operación. Poco así habría hecho la Xunta con el hospital.

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