La estricta protección del lobo, que desde septiembre de 2021 imposibilita su caza en todo el territorio nacional (hasta entonces era una especie cinegética en el norte del Duero), ha provocado el malestar de los ganaderos de la comunidad, como en la primera mitad del año. En el año han visto como los ataques de este cánido han aumentado un 29 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, con 1.717 ataques y 2.705 animales muertos. La cifra se dispara aún más, hasta el 35%, si se hace la comparación con 2019. Además, al cierre del ejercicio 2022, la Junta pagó 1.977.492,19 euros en concepto de indemnización por los daños causados por este animal a las explotaciones ganaderas. .
Con este panorama, el curso político ha comenzado con este tema ardiendo sobre la mesa en el departamento que preside Juan Carlos Suárez-Quiñones, que vio los cielos abiertos cuando Bruselas reconoció en junio la urgente necesidad de tomar decisiones al respecto ante la el aumento de los daños causados por el lobo al ganado.
Para ello, la Comisión Europea solicitó la presentación de datos actualizados sobre la población de lobos y sus repercusiones, lo que ha propiciado Suárez-Quiñones enviará una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyencon un informe completo que incluye cifras, argumentos y la petición de que se flexibilice el régimen jurídico para la protección de la especie.
El objetivo de la Junta no es otro que conseguir que en Castilla y León, al norte y al sur del río Duero, “el lobo está gestionado por la Administración autonómica como garantía de conservación de la especie y equilibrio en su colisión con la ganadería extensiva”, afirman fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. De esta forma, se prevé un cambio en el estatus legal del cánido en Europa y por tanto en Castilla y León. Urgía, más aún cuando en España se incluyó en el catálogo de especies protegidas y, por tanto, se prohibió su caza.
El Ministerio ha reconocido el esfuerzo realizado por otras organizaciones e instituciones (como organizaciones profesionales o colegios profesionales agrarios) que han facilitado información en el marco de este proceso, que ayudará a la Comisión Europea “a formarse una opinión ajustada a la realidad actual de la situación”. El lobo en nuestro país.
No debemos olvidar que con La consulta realizada por Bruselas busca tomar decisiones informadas sobre la posible modificación del estatuto de protección y la actualización del marco jurídico en función de la evolución de esta especie, conscientes de que “la concentración de rebaños en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos, “, señalan desde la propia Comisión. Y la decisión de dar audiencia a las autonomías se considera decisiva para el Gobierno de Castilla y León, que ha criticado en numerosas ocasiones que el Gobierno español enviara a la Comisión información sobre el estado de conservación del lobo en España que no cumple con la verdad, ya que concluyó que es desfavorable, cuando, según el Ministerio, la población de lobos no ha dejado de aumentar. Por ello, para sustentar esta afirmación, la Junta ha facilitado a Bruselas información relevante y actualizada, que incluye resultados del seguimiento de la evolución de este mamífero en Castilla y León, datos sobre daños al ganado por ataques de lobos y una evaluación del estado de conservación. en España. Además, se comparten detalles sobre la imposible aplicación de excepciones a la Directiva sobre hábitats para la ejecución de medidas de gestión de la especie en España.
El Ejecutivo regional confía en que esta información contribuirá a que la Comisión disponga de datos precisos y actualizados para tomar decisiones informadas y se compromete a colaborar estrechamente con la Comisión y ofrecer sus servicios técnicos para el análisis y valoración de los datos compartidos.
La semana pasada, las Cortes de Castilla y León insistieron en esta línea al aprobar, con únicos votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, una iniciativa de Vox, apoyada por el resto de grupos, para impulsar el desarrollo de un plan nacional para la lobo, con una estrategia de conservación y manejo en convivencia con actividades rurales; su exclusión de la lista de especies bajo régimen de protección especial, y el envío de información real y oficial a la Comisión Europea.