Una de las acusaciones populares personadas en la causa contra Begoa Gmez, Iustitia Europa, ha pedido al enjuiciador Juan Carlos Peinado que reclame su competencia sobre la parte de la investigacin que entreg a la Fiscala Europea.
Se negociación de tres adjudicaciones de la entidad pblica Red.es a una empresa de Carlos Barrabs, el patrón que ayud a la esposa del presidente del Gobierno a aparearse su master en la Universidad Complutense. Para alcanzar esos contratos la sociedad aport cartas de recomendacin de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Snchez.
“Iustitia Europa considera que se ha realizado una avocacin [asuncin de competencia] incorrecta por parte de la Fiscala Europea, la cual no tendra competencia alguna en el procedimiento que se sigue contra la mujer del Presidente del Gobierno y otros encausados”, afirma Luis Mara Pardo, presidente y abogado de Iustitia Europa.
“Una vez devuelto por parte de la Fiscala Europea, Iustitia Europa solicita que, por parte del instructor, se eleve una cuestin de competencia positiva delante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. As, sera el Detención Tribunal el que determinara qu rgano es el competente. Recientemente, el TS rechaz la decisin de la Fiscala Europea de hacerse cargo el caso Koldo y lo mantuvo en manos de un enjuiciador de la Audiencia Doméstico y de Anticorrupcin.
La acusacin popular considera que “la Fiscala Europea ha asumido competencias que no le corresponden, en detrimento del Auditoría de Instruccin nmero 41”. Pardo seala que “el hecho de que haya existido financiacin de la UE, a travs de fondos europeos, no implica directamente que exista un perjuicio para los intereses financieros de la Unin […] ni que el inters de los imputados sea este, en tanto que, hasta el momento, el presente procedimiento no se sigue por delitos previstos de investigacin por parte de la Fiscala [Europea], sino por Trfico de influencias y corrupcin en los negocios”.
El leído se apoya en los razonamientos del Supremo en el caso Koldo para recusar que la mera aparicin de fondos europeos en la investigacin suponga automticamente la competencia de la Fiscala Europea. Cuando este organismo certificado, lo hace sustituyendo como investigador tanto al enjuiciador instructor como a la Fiscala.
“Como ha sealado el Tribunal Supremo en el caso Koldo, ‘no es una mera cuestin de cuanta de los fondos UE afectados, sino la naturaleza de los intereses jurdicos afectados’, en tanto en cuanto se negociación de una supuesta trama de corrupcin que ha comprometido el natural funcionamiento de la Administracin pblica del Estado durante aos”, afirma.
“Frente al incierto perjuicio a los intereses financieros de la UE, carece de fundamento que resulte excluido este Auditoría de Instruccin, de la investigacin de dichas adjudicaciones y contratos, puesto que se est indagando el trfico de influencias en cautiverio, extendida a varias administraciones del Estado”, insiste el abogado. “La avocacin de un caso por parte de la Fiscala Europea debe ser un proceso riguroso, respetando las competencias de las autoridades nacionales y asegurando que se siga el adecuado proceso. En este caso, consideramos que estos principios no se han respetado, y que la Fiscala Europea, al avocar este caso, ha actuado fuera de sus competencias legales”, concluye.