El portavoz del Congregación Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Consistorio de Toledo ha registrado hoy mismo una solicitud frente a la Consejería de Hacienda, Empresas y Empleo para que esta distribución, competente en la materia, «revise y fiscalice el desembolso de la subvención concedida al Consistorio de Toledo para la puesta en marcha del Software de Apoyo Activo al Empleo» correspondiente a la convocatoria para 2023.
Txema Fernández ha decidido solicitar la intervención de la distribución regional frente a el silencio del concejal de Empleo de Vox, Juan Marín, al que asimismo ha reclamado a principios de agosto, la relación de trabajos que está desarrollando y ha desarrollado la plantilla de los Planes de Empleo.
«Queremos avalar que se han tramitado perfectamente estos fondos; y si no fuera así, que se tomen las medidas oportunas, como ya tuvo que tomar con este mismo software en Talavera, cuyo Consistorio del PP tuvo que devolver 12 millones de euros por una mala dirección de estos fondos», recuerda Txema Fernández.
Recuerda el portavoz municipal de Izquierda Unida que las más de 200 personas contratadas por el Consistorio de Toledo en el situación de los Planes de Empleo dependen de una subvención que otorga la Asociación de Comunidades a las entidades locales «para que ejecuten proyectos en la ciudad».
Proyectos que, subraya Fernández, no deberían estar relacionados con «trabajos que realiza la plantilla municipal, ni en zonas municipales que están privatizadas, como los jardines o parques, ni mucho menos en zonas de entidades privadas».
En este sentido, y pese a que la bases de estas subvenciones exponen, en su artículo 19, que dichos proyectos han de ser «interés normal y social que sean competencia de las entidades beneficiarias o que se encuentren adentro de sus fines u objeto», recrimina Fernández que el concejal de Empleo, «con la impunidad que cree tener por ser la soporte más pequeña en un gobierno de ultraderechas de la ciudad, ha contado que los planes de empleo han trabajado en el convento de Santa Clara, propiedad de la orden de religiosas y en última instancia de la Iglesia Católica».
Añade el concejal de Izquierda Unida que dicho espacio «no es en definitivo propiedad del Consistorio de Toledo» y que, exceptuando determinadas fechas, «será un espacio al que se acceda pagando una entrada que estará gestionada por una entidad asimismo privada».
Así, se pregunta retóricamente el portavoz municipal de Izquierda Unida si Juan Marín hubiera enviado a la plantilla a desbrozar alguno de los patios de un sindicato de clase. «No, no lo haría porque prefiere ser servil con su confesión religiosa, sea bueno o no para la ciudad», critica Fernández.
Por eso, desde el familia municipal de Izquierda Unida entienden que «se han puesto a disposición de entidades privadas servicios públicos cuyo fin nunca debiera ser diferente al interés municipal».
Frente a esta circunstancia, y el mutismo de la Concejalía de Empleo, ha solicitado la intervención de la Asociación ya que, como estipulan las bases de estas subvenciones, el Consistorio debería entregar la información solicitada con veterano celeridad a la Consejera de Hacienda, Empresas y Empleo, competente en la fiscalización de esta subvención.