El Huerta Japonés del Parque San Lázaro vive un nuevo episodio en su historia de aperturas y cierres. En este capítulo se cruzan la interpretación del silencio funcionario, por una parte, y las discrepancias entre dos empresas implicadas en la papeleo del espacio de hostelería.
El conflicto comienza cuando la flagrante adjudicataria, que dispone de un arreglo de cinco primaveras desde 2021, inicia los trámites para traspasar la papeleo del nave a sus actuales gestores, quienes llevan prestando el servicio aproximadamente un año. Ambas partes acordaron la cesión del material presente, y quién se haría cargo del plazo del canon al Concello de Ourense, establecido en 68.970 euros anuales. El cambio de titularidad se llegó a idear al consistorio, e incluso contó con un mensaje benévolo por parte del asesor legal en septiembre de 2023, quien propuso la autorización de la cesión del arreglo al gobierno nave.
A partir de ahí, se habría impuesto el silencio funcionario, interpretado favorablemente por la adjudicataria, con lo que el traspaso siguió delante, y se efectuaron algunos pagos. Pero el expediente no continuó su proceso, deteniéndose en algún punto sin resolución a auspicio ni en contra. Y al consumarse el cambio de nombre del nave y la rotulación del mismo, el consistorio reclamó el inclumplimiento de una de las condiciones, que prohíbe ceder, traspasar o arrendar el nave; así que reclamó el aval de más de 14.000 euros depositado, e inció los trámites de disolución del arreglo. Una atrevimiento contra la que se presentaron alegaciones en abril de este año.
Mientras el expediente se resolvía, ambas empresas interesadas entraron a su vez en conflicto, pues quienes iban a hacerse cargo la concesión dejaron de enriquecer el canon municipal, y nunca fueron registrados como nuevos adjudicatarios, lo cual dejó a los interesados en el traspaso como responsables de la deuda contraída con el consistorio. Un conflicto que va camino de dirimirse en el judicatura. Con firma del 13 de agosto, el Concello ordenaba iniciar los trámites de resolución del arreglo, por lo que los adjudicatarios entienden que el nave debería cerrarse, y sus actuales ocupantes ser desalojados antiguamente de sacar la concesión de nuevo a concurso.