Servicio Transporte escolar sigue dando quebraderos de cabeza en el País Vasco. Tras un inicio de curso convulso en el que dejó la guerra abierta entre las empresas ganadoras y el Ministerio de Educación sin autobús para 7.500 estudiantes, ahora la sombra del recelo se cierne sobre la contratación de algunas rutas en Guipúzcoa. La empresa Urpa SL, donde figura como asesor y secretario un asesor del Gobierno Vasco, se hizo con la mayoría de los contratos en la provincia aunque el Departamento de Educación niega que hubiera habido “irregularidad”.
Las sospechas comenzaron a finales de la semana pasada. Varios medios revelaron que en la provincia de Guipúzcoa dicha empresa logró ganar hasta 15 contratos por valor de cuatro millones de euros. En su organigrama figura como asesor y secretario. Joanes Labayénquien también ha participado como asesor externo del Departamento de Educación para mediar entre empresas en ese mismo concurso.
Estas primeras informaciones causaron tal revuelo que hubo varias preguntas al respecto en el pleno de control del Gobierno Vasco del pasado viernes. El Lehendakari, Íñigo Urkullu, hizo evidente su preocupación y pidió al Departamento de Educación que aclare “lo más rápido posible” la adjudicación de los contratos. El asesor de la sucursal, Jokin BildarratzLuego negó cualquier tipo de “conflicto de intereses”.
Este lunes, sin embargo, ha admitido en una entrevista radiofónica que tenía conocimiento de que Labayen, marido de la actual presidenta del Parlamento Vasco y persona muy vinculada al PNV, tenía intereses en una empresa de éxito desde el momento de su contratación. Ha explicado que fue él mismo quien transmitió su vinculación con la empresa, y que no hubo “ningún tipo de incompatibilidad”. “Tampoco vemos ninguna incompatibilidad, ya que lo que exigimos no tiene nada que ver con la competencia ni con la relación que puedas tener con tu empresa”, añade Bildarrats.
Asesoramiento sobre concursos desiertos
El consejero vasco ha reconocido sentirse “sorprendido” por la polémica y ha negado que Labayen pueda ser considerado un “asesor”. Ha explicado que sus servicios fueron contratados después de que numerosas rutas quedaran desiertas en concursos públicos. Agregó que fue entonces, cuando el Departamento de Educación consideró obligar a las empresas a brindar el servicio en medio de sospechas de que podría haber un acuerdo para no participar en los concursos, cuando se contrataron los servicios de su despacho. El objetivo era asesorarles sobre cómo proceder. “Nuestro régimen jurídico tiene una propuesta propia que pido contrastar”, apuntó.
El conflicto entre el Departamento de Educación y las empresas que prestan servicios de transporte escolar surgió antes del verano. La administración vasca Licitan 467 rutas para el curso 2023/2024, pero pasado el plazo, la mayoría quedaron desiertas. Las empresas sostuvieron que las condiciones no eran rentables, mientras el consejero anunció una denuncia ante la Fiscalía por sospechas de pacto sectorial y una orden para que prestaran el servicio por la fuerza. Competición también abrió un expediente disciplinario para investigar lo sucedido.
Según datos de Educación, Urpa SL compitió en más de 30 rutas en Guipúzcoa, y fue premiado 15. “En 12 de ellos fueron los únicos que compitieron”, ha apuntado Bildarratz. También ha explicado que el contrato con el despacho de Labayen se firmó un mes después de finalizar las adjudicaciones. Asimismo, ha recordado que una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes es la “mesa de contratación” la que se encarga de la adjudicación, órgano formado únicamente por funcionarios, al que Educación “no está adscrito”. Por todo ello, Educación insiste en que consideran que el proceso de contratación fue “limpio” y “transparente”. El consejero también ha pedido comparecer en el Parlamento, donde se ha comprometido a guardar las actas del proceso.