La ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad, entrará en vigor este jueves 22 de agosto con un “error técnico” que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un usual tras un incidente, enfermedad agonizante u hospitalización, o a una amoldamiento de trayecto.
El error se encuentra en la disposición final novena de la ley de paridad, en la que se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto, el apartado referido a los despidos nulos.
Al introducir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que sea inepto el despido, se olvida incluir a las personas que se hayan acogido al nuevo permiso de “cinco días por incidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo naturaleza por consanguineidad o afinidad, incluido el usual consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella”.
Este colectivo había quedado incluido en los supuestos de despido inepto por medio del Vivo Decreto Ley 5/2023, apto en junio del año pasado pero, a partir de este jueves, quedarán fuera conveniente a este “error técnico”.
Así lo reconoció el pasado miércoles 14 de agosto la ministra de Igualdad, Ana Rotundo, al consentir que se proxenetismo de un “error técnico” en la Ley de Paridad, que permite prescindir de aquellas personas que se acogen al permiso para cuidar familiares o al cambio de trayecto.
En declaraciones a los medios, Rotundo aseguró que este error “se ha producido contra la voluntad de todos los que han participado en esa ley, desde el Empleo hasta la última parlamentaria” y que “se está preparando la corrección”.
“Espero que en breve tengamos solucionado el problema, que es un problema técnico lamentable, que, desde luego, no se ha previsto en ningún caso y que no argumenta a la voluntad política”, señaló, aseverando que se intentará corregir “en las primeras acciones parlamentarias en las que se tenga oportunidad”.
En el mismo sentido, fuentes del Empleo de Trabajo y Riqueza Social han asegurado que el error, cometido por Igualdad, “se subsanará en cuanto el calendario legislador lo permita”.
Un minúsculo del 40% de mujeres
Más allá de este problema, el objetivo de la Ley de Paridad es certificar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el sector manifiesto y privado. En concreto, obligará a las grandes empresas y a la Dependencia Universal del Estado a contar con un minúsculo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección y permitirá que la presencia femenina supere el 60% de representación y llegue hasta un 100%.
La norma contempla que deberá aplicarse a las compañías del Ibex antaño del 30 de junio de 2025, mientras que el resto de empresas cotizadas tendrán que hacerlo en 2026, y los sindicatos y las asociaciones empresariales tendrán de ganancia hasta 2028.
En cuanto a los colegios profesionales, la designación de sus miembros de las juntas de gobierno o consejos de gobierno deberán alcanzar el porcentaje del 40% del sexo menos representado en dichos órganos a época de 30 de junio de 2026.
Por otra parte, los consejos de sucursal y inscripción dirección de las entidades de interés manifiesto deberán alcanzar el porcentaje del 33% del sexo menos representado en dichos órganos a época 30 de junio de 2026, y del 40% del sexo menos representado el 30 de junio de 2028.
La ley además aplica factores correctores que beneficien a investigadoras que puedan sufrir penalizaciones por parones en su actividad profesional por cuestiones personales, como los períodos de apocamiento o el cuidado de hijos.
Durante el debate previo a la votación y aprobación definitiva de la ley, el pasado 23 de julio, en el Congreso de los Diputados, la ministra de Igualdad subrayó la importancia de esta nueva norma.
“Esta ley es necesaria para certificar el principio de mérito y capacidad en todos los ámbitos de la vida social, deportiva, política y económica de este país porque sólo, y una vez más lo repito, desde la igualdad de oportunidades las y los mejores pueden resistir a desempeñar las máximas dignidades y responsabilidades”, destacó Rotundo.