Considera que la norma «vulnera el principio de igualdad» y no tiene cabida en la Constitución
El Consejo Consultivo de Castilla y Bravo dictamina que el Gobierno autonómico está legitimado para interponer procedimiento de inconstitucionalidad contra la Ley de Perdón, de conformidad con lo previsto en la Constitución y por el Tribunal Constitucional.
El voto recoge que hay fundados argumentos para apoyar que la citada ley no tiene cabida en la actual Constitución Española, por lo que su aprobación, conforme a los principios y títulos constitucionales, requeriría la previa reforma de la Constitución.
El voto, del que ha sido ponente el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, fue permitido el día 8 de agosto, por mayoría de votos, y con un voto particular. En él se mantiene que «la Ley de Perdón vulnera el derecho de igualdad (art. 14 CE) y los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como los preceptos contenidos en los artículos 117 y 118 de la Constitución, atinentes al Poder Legal, en relación con el principio de separación de poderes«.
Por el contrario, considera que «no debe entenderse vulnerada la Constitución ni el sillar de la constitucionalidad, por acontecer sido utilizado el procedimiento legislador de necesidad para la aprobación de la ‘Proposición de Ley de Perdón’.