Facua pidió al Gobierno que extienda a los servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros la prohibición de los contratos fruto de llamadas telefónicas no solicitadas. Según la ordenamiento de consumidores, el Gobierno ya puso en marcha un vivo decreto que regulará la contratación de servicios energéticos en el que se pretende oponerse las altas que intenten realizarse mediante llamadas no efectuadas o pedidas expresamente por los usuarios.
La asociación advirtió de que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas, prohibidas desde junio de 2023.
Y recordó que, según una investigación realizada por la ordenamiento a más de 6.000 consumidores, el 73,5% de los que dijeron estar afectados por spam telefónico recibió en el postrer mes llamadas con ofertas de telecos.
En segundo sitio están las llamadas de comerciales que se corresponden con empresas de luz y gas, nombradas por el 71,8%. A continuación, el sector de los seguros (25,1%), uno de los más citados por los encuestados, las alarmas (6,4%) y los préstamos (5,9%). Según la investigación, realizada a finales del pasado junio, el 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario.
Desliz de posibles
Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) carece, según Facua, de posibles suficientes para tramitar el “ingente” bulto de denuncias que recibe por todas las irregularidades que son de su competencia, lo que deriva en la caducidad de un número creciente de expedientes. Encima, Facua detectó casos de denuncias por spam telefónico archivadas de forma injustificada por la AEPD.
Asimismo, Facua reclamó que la norma que de momento afectará a la contratación de luz y gas obligue a la energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a rescindir el acuerdo sin abonar ninguna cantidad si fue fruto de una emplazamiento spam.
Es una de las alegaciones que presentará la asociación a la propuesta de Reglamento Militar de Suministro y Contratación incluida en un vivo decreto del Profesión para la Transición Ecológica que actualmente está en trámite de audiencia pública.
Facua considera “imprescindible” que para dar por válida un incorporación telefónica se aporte una cinta en la que el sucesor manifieste que fue él quien realizó la emplazamiento o pidió expresamente recibirla. Una condición secreto para defender a los usuarios.
Así, en el supuesto caso de que una compañía active un acuerdo sin contar con esa cinta, la denuncia del sucesor afectado debería derivar en una indemnización económica para él y una multa para las dos empresas implicadas: la responsable de la emplazamiento con el incorporación fraudulenta y la comercializadora que la diese por buena.