Los mensajes con contenido odioso que en redes sociales como X se han publicado a raíz del homicidio de Mocejón (Toledo) han avivado el debate manifiesto y sumarial sobre si debe o no identificarse a los usuarios. Iñaki Pariente, abogado en el ámbito jurídico-tecnológico, cree que una reforma procesal “que establezca claramente esos mecanismos de búsqueda e identificación” de los internautas que, aprovechando el anonimato, incurren en delitos de odio, haría más sencilla la encaje de la fiscalía y los juzgados. Reforma que, en todo caso, “sea una utensilio clara y definida que no choque con ninguna otra norma”, aclara Pariente.
La idea coincide con la deslizada por el fiscal de la Sala de la Pelotón de delitos de odio, Miguel Serafín Aguilar, en una entrevista en la Condena SER, en la que sugiere “perfeccionamientos técnicos” del Código Penal. Pariente enfatiza dos aspectos que son los que limitan la identificación de quien está detrás de estos perfiles que difunden mensajes que pueden constituir un delito: por un costado, que las empresas propietarias de las principales RR. SS. no tienen su sede en suelo gachupin, y por el otro, sus beneficios pecuniarios: “Siempre ha habido un choque contra un pared tras el que hay intereses económicos. Si todo —en remisión a los datos— puede durar a saberse, hay un uso pequeño de esa red social”. Y, a pequeño tráfico, menos ingresos.
El fiscal además ha agradecido que “sería interesante” la identificación los usuarios en estas plataformas ya que “la investigación muchas veces no prospera porque no se conoce la identidad del autor”, afirmación frente a la que se suele invocar, erróneamente según dice Iñaki Pariente, la ley de protección de datos: “Siempre que hay delito, hay un derecho evidente que va a permitir identificar, cuando haya indicios, al autor del delito. La fiscalía tiene todas las competencias para ello”. Explica, adicionalmente, cómo la Agencia Española de Protección de Datos ha “intentado tradicionalmente, para la vigilancia del uso de estos datos, establecer líneas de contacto con Google o propietarios de RR. SS.”, pero se ha topado siempre con el “pared”.
El rastreo de la identidad actual que se esconde tras un perfil en una red social no es una habilidad novedosa para la fiscalía “y siempre ha estado encima de la mesa”, dice el abogado: “A veces es una máquina, a veces es una persona con interés, en ocasiones, delictivo”.
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