La documentación conocida como los ‘sellos de ETA’ que Francia entregó a las autoridades españolas en 2018 ha servido hasta ahora como base probatoria para ocho condenas en la Audiencia Nacional, en cuatro ocasiones gracias al análisis de la Guardia Civil y otros muchos casos gracias al trabajo de especialistas de la Policía Nacional.
Esto se afirma en el ‘Balance del terrorismo en España 2022’ publicado en los Cuadernos de julio del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, consultado por Europa Press, que repasa la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas tras el fin de los atentados, especialmente en lo que se refiere a los asesinatos sin esclarecer.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó en el prólogo del balance que las fuerzas de seguridad y la judicatura siguen trabajando para “establecer responsabilidades penales eso podría corresponder a dirigentes de ETA”, y recuerda que en 2022 hubo nueve condenados por este motivo.
Del Txapote a Íñigo Gudiri
El Centro de la Memoria, dirigido por Florencio Domínguez, repasa los casos en los que los ‘sellos de ETA’ han contribuido a la obtención de condenas, empezando por el asesinato del oficial de prisiones Máximo Casado en el año 2000.
En concreto, una carta autocrítica o ‘kantada’ del etarra Iñigo Guridi Lasa intervenida en Francia “contribuyó decisivamente” a la condena del miembros del ‘comando Totto’ Asier Arzalluz Goñi, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain e Iñigo Guridi, como autores materiales, 33 años de prisión, así como Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, como inductor.
La segunda sentencia afecta a la histórica dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, como autora de un crimen contra la corona y depósito de armas de guerra. La clave fue un documento incautado en Salies-de-Béarn (Francia) que acreditaba su vinculación con la dirección de ETA.
Los ‘sellos de ETA’ permitieron que Iñigo Gudiri fuera condenado de nuevo, a 51 años de prisión, por el ataque a un guardia civil en Navarra en el año 2000, mientras que en el caso de José Carlos Apeztegia fue clave una carta suya en la que proponía realizar atentados contra funcionarios penitenciarios.
La quinta frase está relacionada con la atentado contra el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia en 1996. A raíz de un escrito autocrítico intervenido en 2011 por Iratxe Sorzabal, este etarra fue condenado a 24 años y seis meses como autor de dos delitos de estrago terrorista.
Otra ‘kantada’ supuso la condena de Juan Luis Rubenach Roig a más de mil años por la atentado con coche bomba contra un responsable de la Policía Científica en 2001. Por su parte, Asier Eceiza Ayerra fue condenado a 19 años como cómplice del atentado contra el concejal socialista Juan Priede, de nuevo gracias a los escritos autocríticos de otros terroristas.
La octava y última sentencia es la de la abogada Arantza Zulueta, en este caso gracias a la análisis de inteligencia de documentos incautado en el país francés que le permitió ser condenado a cuatro años por un delito de integración en organización terrorista, así como por depósito de armas y explosivos a otros tres años y seis meses.
Zulos y etarras huyeron
El balance del Centro Memorial también repasa otros aspectos tras el final de ETA como el tres zulos que fueron intervenidos en 2022uno de ellos en Francia, o el regreso voluntario de cinco que han huido de la Justicia tras pasar muchos años fuera del alcance de los tribunales españoles.
Se trata de Nekane Txapartegi, que volvió de Suiza una semana después de que quedara sin efecto la demanda judicial de 15 años por falsificación de documento oficial, quedando en libertad tras comparecer en la Audiencia Nacional a la espera de juicio.
Al prescribir su acusación como miembro del ‘comando nafarroa’, Lázaro Galarza Larrayoz regresó de México, poniendo fin a la orden de allanamiento y captura eso pesó en su contra desde 1992. Luego regresó al país centroamericano, donde falleció por un accidente laboral.
Emilio Martínez de Marigorta y Félix Manzanos Martínez, con «densa historia de las actividades terroristas en las décadas de 1970 y 1980″, también regresaron a España, en su caso desde Cabo Verde. Llegaron aquí desde Argelia en 1989 y se quedaron más de 30 años, cuando las autoridades locales se negaron a entregarlos.
Iñaki Rodríguez Muñoa llegó a Cabo Verde en 1986, quien regresó a España el año pasado. este miembro de la rama político-militar huyó a Cuba en barco, donde permaneció hasta su regreso voluntario.