En la aldea de Bornos, situada en la provincia de Cádiz, se ha generado una cachas polémica tras la exhibición de una bandera con simbología franquista en una vivienda.
Hugo Palomares, corregidor de Bornos, y Ana Medina, vicepresidenta primera responsable del ámbito de Memoria Democrática de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz -ambos representantes de Izquierda Unida- han denunciado este hecho delante el Profesión Fiscal, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Palomares ha condenado la exposición de la bandera, calificándola como un “homenaje a un golpista y dictador” y subrayando que esta actividad no solo vulnera la reglamento actual en materia de memoria democrática, sino que asimismo constituye un atentado contra la dignidad de las víctimas del franquismo. “Es inadmisible que en un espacio manifiesto se reconozca al responsable de terribles e incontables vejaciones de derechos humanos”, ha ostensible el corregidor.
Pero el malestar no solo ha sido expresado por las autoridades locales, sino que asimismo ha generado indignación entre los vecinos de Bornos, quienes han manifestado su rechazo a la exhibición de estos símbolos en su comunidad.
“Cada uno es desenvuelto de pensar lo que quiera… Si ellos piensan que estábamos con Franco mejor que actualmente… Pero son pensamientos antiguos que ya no vienen a historia“, ha comentado un vecino para el software de Espejo Conocido.
“¿Están locos? ¿Cómo van a poner eso en los tiempos que estamos? ¿Quieren que volvamos a lo mismo? A esos hay que meterlos en la prisión“, ha exclamado otra de las pocas vecinas del pueblo que han querido pronunciarse. Muchos no han querido comentar por miedo a crear conflictos vecinales en el municipio de cerca de de 7.000 habitantes.
Los que sí han hablado han asegurado que el propietario de la bandera no es conocido por ser una persona conflictiva, y que nunca ha tenido problemas con nadie del pueblo. Aunque ahora podría entablar a tenerlos.
Posibles consecuencias legales
La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, establece sanciones de entre 2.000 a 10.000 euros de multa a quienes incumplan el artículo 32, que conde “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros nociones adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del revés marcial de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.
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