Con el inicio del nuevo año político a la vuelta de la esquina, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios Públicos (CSIF) ha presentado una serie de propuestas y reformas respectivos a las administraciones públicas españolas. El objetivo es afrontar y encontrar una fórmula consensuada con el nuevo Gobierno para mejorar los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos de las administraciones públicas (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, SEPE, pensiones…) y también las condiciones laborales de los empleados públicos.
El presidente de CSIF, Miguel Borrás, destaca la Importancia de desvincular la situación política y el calendario para retrasar las reformas que requiere la administración y le achaca el progresivo deterioro que sufren los servicios públicos que sufren los españoles. Las propuestas de los CSIF se dirigen, por tanto, hacia los siguientes ejes: rejuvenecimiento y refuerzo de plantillas; Revisión salarial; una actualización de la normativa básica para corregir las desigualdades entre administraciones (jornada de 35 horas, implantación efectiva del teletrabajo, mejora de las pensiones)entre otros.
Durante la intervención, CSIF ha sido contundente y ha señalado que La Administración del Estado ha destruido hasta 64.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años y, ante este panorama, espera que un Gobierno que apuesta por diseñar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público. Dos ejes esenciales para la generación de empleo público que irían de la mano de medidas como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos de selección y la limitación de la temporalidad.
En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, Los empleados públicos sufren una pérdida del 20%. desde los recortes de 2010 y el 5,5% sólo en los dos últimos años. Por eso el grupo sindical exige un nuevo acuerdo para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 ya que, como señala el informe, “fue una medida que se adoptó con carácter excepcional y como tal debe ser derogada”.
Y, en segundo lugar, solicita la autorización de fondos para corregir también las desigualdades salariales entre las comunidades autónomasuna reforma que evitaría la despoblación de determinadas regiones del interior de España.
Las pensiones, la reforma del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (TREBEP) y la financiación suficiente para MUFACE y MUGEJU también están entre los puntos de la jornada, con medidas como una jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyo trabajo sea de naturaleza “dolorosa, tóxica o peligrosa”; el implementación de la jornada laboral de 35 horas; y una correcta regulación del teletrabajo.