Los delitos de odio, que son actos criminales motivados por prejuicios o intolerancia con destino a grupos específicos, son una verdad que preocupa en todo el mundo. Aunque cada país aborda estos delitos de forma diferente, la privación de enfrentarlos de forma efectiva es una preocupación popular. Así es cómo algunos países están lidiando con este desafío.
En España, el Código Penal contempla los delitos de odio como aquellos motivados por razones de raza, religión, orientación sexual, identidad de especie, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. Las sanciones varían según la agravación del delito e incluyen penas de prisión o multas. Encima, si el crimen se comete con motivaciones de odio, esto se considera un desventaja. La Fiscalía Común del Estado y otras instituciones trabajan activamente para sensibilizar y perseguir estos delitos, aunque la aplicación efectiva sigue siendo un provocación.
El Fiscal de Delitos de Odio ha pedido que se introduzcan mejoras legales para que por parte del Tarea Conocido y los tribunales “se pueda interesar la prohibición de aparecer a entornos digitales”.
“Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos”, comentaba tras ser preguntado por una reforma del Código Penal el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Donosura Aguilar. Este considera que es necesario prohibir el llegada a las redes a quienes cometan delitos de odio “en los casos más graves”. Encima, cree que los usuarios deben estar “debidamente identificados”.
Cree que sería “una pena proporcionada y necesaria” capar el llegada a “aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito, en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto”.
El delito de odio en la UE
En el ámbito de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación y obliga a los Estados miembros a combatir los delitos motivados por racismo, racismo, intolerancia religiosa, discapacidad, orientación sexual o identidad de especie. Sin incautación, a pesar de los esfuerzos, aún existen desafíos en la colección de datos y en la protección de las víctimas de estos delitos en toda la región.
Francia y Alemania, en cambio, han adoptivo medidas más estrictas para enfrentarse los delitos de odio, especialmente en el entorno digital. Los dos países han implementado leyes que obligan a las plataformas en confín a eliminar mensajes delictivos en un plazo de 24 horas o enfrentarse a multas significativas, que en el caso de Francia pueden ascender a un millón de euros.
En China, la Ley de Ciberseguridad obliga a los usuarios de internet a registrarse con su nombre auténtico, lo que facilita la identificación y persecución de quienes difunden mensajes de odio en confín. Por otro costado, en Rusia, los usuarios con más de 3.000 seguidores en redes sociales deben registrarse en una agencia federal, lo que permite un decano control sobre los contenidos que publican.
El Reino Unido además ha sido testificador de la propagación de delitos de odio online, como los violentos disturbios en Southport, provocados por falsos rumores en redes sociales. Tras estos incidentes, el gobierno sajón está considerando deshumanizar su código para hacer frente a estos crímenes, aunque los intentos anteriores de prohibir el anonimato en confín no han tenido éxito.
Aunque intentar enfrentarse los delitos de odio sea un objetivo principal de todos los países, la verdad es que todos enfrentan desafíos comunes. La cooperación internacional y la implementación de leyes más estrictas son esenciales para proteger a las víctimas y avalar que los aquellos que lo llevan a lado enfrenten las consecuencias de sus acciones.
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