Primer Consejo de Gobierno de Castilla y Bravo tras el paréntesis vacacional de quince días y, al ganancia de un elevado número de expedientes aprobados, en lo político el debate se mantiene en la financiación autonómica, tras el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para conceder el concierto financiero a cambio de los votos que hicieron presidente a Salvador Illa. Las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazando que el citado acuerdo fuera un cupo o concierto, han conseguido enfadar a todos, aparte a los suyos, ya que si los republicanos respondieron con amenazas a las afirmaciones de la ministra, las comunidades de régimen universal, como la de Castilla y Bravo, se mantienen alerta convencidas de que el acuerdo existe.
Ayer, tras la reunión del Gobierno autonómico, su portavoz y mentor de Patrimonio y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, demostró tenerlo más que claro: «Se plantea un debate nominalista sobre cómo se va a tachar la financiación acordada, pero lo cierto es que hay un acuerdo por escrito entre el Gobierno y ERC». De ahí que, añadió, «lo importante no es cómo se llame el pacto sino el contenido del mismo, que es una ruptura del principio de igualdad y solidaridad entre las autonomías».
Así que delante una situación en la que «lo severo», advirtió Carriedo, es que la propia Montero dijese que «el Gobierno de España se ve obligado a cumplirlo», el portavoz de la Comité recordó que «incluso en Castilla y Bravo hay acuerdos firmados por unanimidad y no tenemos constancia de que la ministra los asuma». Se refería así, por ejemplo, al acuerdo de Comunidad sobre financiación cogido ya hace abriles con partidos políticos (incluido el PSOE) y agentes sociales que, entre otras, fijaba los principios que debe regir el reparto de los medios como son la despoblación o la dispersión geográfica. Sin confiscación, de momento, a lo único que se ha llegado, recordó Carriedo, es a fijar «un maniquí en el que se decide lo que se destina a los partidos separatistas y lo que sobra se reparte entre el resto». «No es la mejor modo de negociar», zanjó, y recordó que el Gobierno de Castilla y Bravo acudirá a los tribunales en el momento en que «se formalice un acto sumarial o chupatintas, cosa que aún no se ha producido». «El proceso comenzará cuando haya un acto que se pueda acudir», insistió Carriedo.
La vía contencioso para requerir una financiación autonómica en el que se mantengan los principios de igualdad y solidaridad es una de las líneas de influencia, pero la otra pasa por requerir, una vez más, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, una petición que ya han realizado catorce comunidades y ciudades autónomas sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta. Para ese concurrencia se ha solicitado la inclusión en el orden del día de tres puntos: la citada financiación; los problemas por la descuido de médicos y la inmigración.
En este zaguero punto el portavoz de la Comité suavizó las declaraciones el miércoles del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que el de Castilla y Bravo, Alfonso Fernández Mañueco, le había ofrecido acoger a más inmigrantes. «Son casi 200 los inmigrantes acogidos ya, un número que llega casi a saturar la capacidad del servicio en condiciones de seguridad y capacidad», señaló Carriedo. Es asegurar, que ni sí ni no, pero con una premisa clara: «Cualquier nuevo acuerdo» para el reparto de desplazados desde Canarias «tiene que ser por la vía del trabajo en la Sectorial y no de la imposición».
El incluso mentor de Patrimonio y Hacienda aprovechó en este punto para reprobar que el Gobierno no haya transferido a la autonomía los medios acordados para la acogida de inmigrantes. «Exigimos que se aporte lo comprometido», insistió, al tiempo que lamentó que el Ejecutante de Pedro Sánchez no esté siendo capaz de tomar medidas en materia migratoria, cuando «son de su competencia», y que, al contrario, estén siendo las comunidades las que «solucionemos este asunto».
De competencia monopolio de la autonomía es la elaboración de los presupuestos de la Comunidad para 2025, una laboreo que ya ha comenzado. La novedad de las cuentas del próximo año, como reconoció Carriedo, es que «necesitamos una mayoría, apoyos o abstenciones», tras la salida de Vox del Ejecutante. «A día de hoy no puedo asegurar que el presupuesto de 2025 vaya a ser ratificado porque no tenemos respaldo de los apoyos», reconoció el mentor, que no ocultó que tendrán que negociar con los grupos parlamentarios esos apoyos para que las Cuentas puedan ser aprobadas por el Parlamento. «Se manejo de hacer unos buenos presupuestos pero incluso de que sean aprobados», concluyó.