Un nuevo y polémico caso de cambio de sexo admitido ha encendido el debate sobre el uso de la Ley Trans en España para eludir condenas por violencia de apartado. En Sevilla, un hombre que había sido condenado por amenazar y arremeter a su expareja ha cambiado oficialmente su identidad de apartado. Un movimiento que, según la abogada Mónica Aguilar, búsqueda “huir la ley de violencia machista”. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, que considera que podría tratarse de un fraude de ley.
El cambio de identidad
El individuo en cuestión, conocido anteriormente como Cándido, fue condenado a 15 meses de prisión por diversos actos de violencia contra su expareja. Sin requisa, hace aproximadamente un año, Cándido pasó a llamarse Candi tras registrar oficialmente su cambio de sexo.
Este cambio de identidad no solo le permite presentarse como mujer frente a la sociedad, sino que incluso tiene importantes implicaciones legales, ya que los delitos que cometió bajo su antecedente identidad ya no serán juzgados como violencia de apartado. En motivo de desavenir las penas severas que la ley establece para estos casos, ahora podría beneficiarse de una reducción significativa de la condena.
Este caso no es un hecho eventual. Recientemente, la Fiscalía incluso ha pedido investigar a un agente de la Ertzaintza que fue detenido bajo sospecha de deber agredido a su esposa. Al igual que en el caso de Cándido, el agente habría cambiado su sexo legalmente con el llamativo propósito de evitar una condena bajo la ley de violencia de apartado. Si se demuestra que este cambio de sexo tuvo la intención de estrechar la pena, no solo enfrentaría cargos por violencia de apartado, sino incluso por fraude de ley, lo que podría agravar aún más su situación admitido.
La tajante testimonio de la abogada
La abogada ha sido tajante en su testimonio: “Estamos frente a un claro intento de huir la ley de violencia machista utilizando la ley trans, lo que constituye un fraude de ley”. Según la letrada, este tipo de acciones ponen en peligro la integridad del sistema sumarial y podrían sentar un peligroso precedente, donde la constitución destinada a proteger a las personas trans sea mal utilizada para evitar el castigo por delitos graves.
La ley trans, aprobada con el objetivo de respaldar los derechos de las personas trans y permitirles un registro admitido de su identidad de apartado, es utilizada para esquivar responsabilidades legales, particularmente en casos de violencia de apartado, lo que ha generado un válido debate. Activistas y expertos legales están preocupados por el potencial exceso de esta ley y por la obligación de establecer salvaguardias que impidan su mal uso.
El uso de la ley trans en casos como estos podría desvirtuar el propósito de la constitución y barrenar la confianza en el sistema de ecuanimidad. Al respecto, organizaciones de mujeres y colectivos feministas han expresado su preocupación, señalando que el caso de Cándido es solo un ejemplo de cómo la ley podría ser instrumentalizada para proteger a los agresores, en motivo de a las víctimas. Estas organizaciones están exigiendo una revisión de la ley para evitar que se produzcan situaciones similares en el futuro.
La Fiscalía continua investigando
Por su parte, la Fiscalía ha señalado que continuará investigando estos casos con rigor y que no permitirá que se utilice la constitución de guisa fraudulenta.
Mientras continúa el proceso sumarial, le iremos informando de la última hora sobre el caso ya que podría tener importantes implicaciones para el futuro de la constitución en materia de apartado y derechos humanos.
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