El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha liberal este viernes en el Senado su atrevimiento de cesar al coetáneo subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez y al director normal de Personas de ADIF, Michaux Miranda, los dos imputados en el caso Koldo y citados a fallar en el mes de septiembre, a la luz de los resultados de la auditoría que encargó en febrero a la Inspección del unidad y que ha arrojado conclusiones que ponen en duda las compras de mascarillas a Soluciones de Gobierno.
A lo amplio de su exposición, Puente ha desgranado las principales conclusiones de ese referencia que según ha dicho, le ha sido notificado el pasado martes, y según el cual, «parece evidente que los requisitos exigibles en estos expedientes no se cumplieron en su totalidad», con desatiendo de coartada en el número de mascarillas a cazar o desatiendo de rigor en la selección de la empresa transportista y las actas de las entregas.
Tal y como ha detallado, «los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría» derivan en «una pérdida de confianza» que ha motivado esa atrevimiento, por la que ha comunicado al subsecretario que ya no sigue en su puesto y ha trasladado al presidente de Adif que haga lo propio con el director normal. Sostenía así que los ceses se sustentan «en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría ejercicio» sin «más consideraciones que correspondan a los tribunales», habida cuenta de la «situación procesal en que los dos se encuentran».
El ministro, tras anunciar que la auditoría será aportada a las comisiones parlamentarias interesadas en el Congreso y el Senado y publicada en la web de su unidad para consulta pública, ha procedido a la repaso de parte del contenido tras subrayar que se trataba de un trabajo independiente realizado por funcionarios designados al meta fruto de meses de obtener documentación de diversos departamentos y encontrarse con los concernidos.
La primera transacción de mascarillas, como es conocido, correspondió a Puertos del Estado. El referencia flama la atención en que «en sólo 38 minutos» la orden de transacción pasó de explicar la indigencia de 4 millones de mascarillas para los quince días que, a 14 de marzo, iba a durar el Estado de susto, a pedir 8 millones, que «vienen a coincidir con la proposición de Soluciones de Gobierno». «Pudiera parecer que esa duplicidad estaría más relacionada con la proposición que con las deyección detectadas», dice el referencia.
Subraya en este punto que, «incluso en caso de que la situación fuese» como declaró el subsecretario a la inspección, «en que la proposición era de todo o nadie, la hipotética inexistencia de beneficio de conducta entre cero y 8 millones de mascarillas debería ocurrir sido adecuadamente justificada en el expediente como motivación en el cambio del luces de la emergencia».
(Informe en ampliación)