La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha informado de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha entregado luz verde al petición de inconstitucionalidad del Gobierno valenciano a la Ley de Indulto, porque, según ha especificado, considera que existen «argumentos suficientes» para que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional (TC).
De esta modo se ha manifestado la vicepresidenta, en un comunicado, tras conocer el parecer del CJC que considera que la Ley de Indulto contiene «utensilios conflictivos» sobre los que el Constitucional «debe pronunciarse», como el que «puede afectar al principio de igualdad y arbitrariedad».
Camarero ha resaltado «la unanimidad en el seno del CJC, compuesto por personas elegidas por los distintos partidos políticos«, y ha desvelado que no ha habido »ningún voto particular«. »Han considerado este petición como una cuestión secreto de consenso y de Comunitat«, ha valorado. Para la vicepresidenta, esta osadía del CJC demuestra que el petición del Consell es »impecable jurídicamente» y cree que deberá ser admitido por el TC, »que deberá pronunciarse».
Por otra parte, ha incidido en que este respaldo incluso «demuestra» que cuando el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció este petición «acertaba en su osadía». «Lo está presentando en nombre de todos los valencianos, para evitar que haya una España de primera para los que deciden delinquir y malversar el caudal sabido y otra para los demás», ha defendido.
Finalmente, ha protegido que el Gobierno valenciano «va a estar siempre en la defensa de la ley y de la igualdad de los españoles«. »Este Consell reivindicará la igualdad de trato donde sea y en presencia de quien haga desatiendo, del mismo modo que lo haremos para evitar el toque de estado fiscal del Gobierno de Sánchez«, ha concluido.