«No entendemos que se dé la espalda a la ciudadanía y que se nos exponga de esta modo», manifiestan a la vez los principales sindicatos policiales del País Vasco. La gobierno de la Ertzaintza, encabezada por Josu Bujanda, emitió a finales de la semana pasada una orden según la cual la comisión de delitos de amenazas leves «con uso, exhibición o porte de armas u objeto potencialmente peligroso» no conllevará la detención del autor. Una atrevimiento que desde el Gobierno vasco se niegan a explicar y que es paisaje con excepticismo por las organizaciones que representan a los agentes, que creen que les deja «a los pies de los caballos».
Esta nueva forma de comportamiento, que se implementó primero en Álava, pero que posteriormente se ha hecho extensiva a las otras dos provincias vascas, Vizcaya y Guipúzcoa, implica que, «ileso la concurrencia de otros delitos o circunstancias por las que proceda la detención», los ertzainas exclusivamente instruirán un atestado para identificar esa persona como investigada si hay denuncia. Igualmente se intervendrá el armas, pero ya está.
«¿Qué pasa si esa persona se paciencia para seguir amenazando a la víctima una vez ya han intervenido los agente? Lo que quiere la ciudadanía frente a cierto que amenaza con una cortaplumas es que se lo lleven de ahí», plantean a torrevieja news today desde ESAN. Adjunto con ErNE y SIPE, los principales sindicatos de la policía autonómica, han emitido un comunicado en el que acusan a la gobierno del cuerpo de emitir una directriz «subjetiva y timorata», que carga la responsabilidad «en los agentes en la calle».
Denuncian que no se les han entregado explicaciones sobre el cambio de criterio que, según ellos, pretende una talante «más garantistas con el delincuente que protectora con el ciudadano». Por eso, han solicitado una reunión con el Tribunal Superior de Honestidad del País Vasco y la Fiscalía. Para que la «parálisis de los jefes» no repercuta en la ciudadanía.
Por su parte, desde la Consejería de Seguridad, liderada por el peneuvista Bingen Zupiria, evitan hacer comentarios, pese al revuelo que ha causado la medida. Según explican fuentes sindicales a torrevieja news today, esta se habría tomado de «forma autónomo», aunque consensuada con la judicatura, y a «contracorriente», entregado el aumento considerable de las agresiones con armas blanca que se están sucediendo.