la decisión de distribuir él agua entre los agricultores españoles no depende de los presidentes autonómicos, sino del posicionamiento antagónico de los populares Carlos Mazón (Generalitat Valenciana) y el socialista Emiliano García-Page (Junta de Castilla-La Mancha) se ha hecho evidente ahora con la transferencias del Júcar hacia VinalopóAprobado recientemente con transferencias por diez años.
Si bien el líder valenciano había incluso instado a principios de mes al Gobierno central a aprobar el acuerdo para el envío de recursos hídricos entre las dos cuencas –278 hectómetros cúbico con 22.000 agricultores beneficiarios-, su homólogo castellanomanchego mantiene la presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que cierre el grifo de forma definitiva.
De momento, el Consejo de Ministros ha dado tranquilidad a los regantes del Vinalopó, donde los acuíferos se encuentran en una situación límite, al aprobar el esperado acuerdo firmado por sus representantes -la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí-, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la empresa estatal Acuamed.
Mazón había reivindicado este acuerdo “para dar estabilidad y seguridad al campo alicantino”, y que no se quedó “sólo en parches anuales o durante un tiempo concreto”, después de haber sido fruto del “esfuerzo de todos”.
Y también había aprovechado para extender esta necesidad al otro trasvase: “El agua es imprescindible, no sólo desde el punto de vista del Júcar-Vinalopó, sino también desde el Tajo-Segura”.
En este otro frente, ahondó en la discriminación de la Comunidad Valenciana, “sin miedo a denunciar la queja permanente que está suponiendo la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez para la provincia de Alicante”, que se ha cuantificado en datos recientes: 25 cortes al traslado.
Cerrar el grifo en cualquier caso.
En cambio, a finales del año pasado, Emiliano García-Page logró modificar el documento acordado en el Consejo Nacional del Agua para elevar el flujos ecológicos en el Tajo sin tener en cuenta cómo evoluciona la calidad de sus aguas para torpedear y reducir a la mitad los trasvases al Segura.
Posteriormente, en marzo de este año, incluso se refirió a las normas de funcionamiento del acueducto como “violación» para envíos de agua al sur. Y en sus declaraciones públicas se compromete periódicamente a poner todos sus esfuerzos en conseguir que el Gobierno cierre el grifo de forma definitiva.