El órdago de Ábalos encarece la mayoría simple al Gobierno


No hacía errata consultar a un chamán para conocer hace nueve meses, cuando Pedro Sánchez fue investido presidente, que el Gobierno se las iba a ver y desear para ganar un imperceptible de estabilidad en la vigencia. El PSOE sacrificó varias líneas rojas para sustentar a su secretario militar en el Palacio de la Moncloa, pese a favor perdido las elecciones, pero la prometida tranquilidad –a cambio, entre otras cuestiones, de amnistiar los delitos del ‘procés’– no aterriza en el Congreso. Lo que no esperaban los socialistas es que iba a ser un excompañero de bancada, José Luis Ábalos, quien precarizase aún más su situación.

Cuando ya se ha sobrepasado el primer año de vigencia, y estando en vigor la remisión a los responsables del intento de cisma en Cataluña, las alianzas parlamentarias no solo no se consolidan, sino que se resquebrajan entre desconfianzas y divergencias ideológicas de calado. El martes, en la Diputación Permanente del Congreso –el víscera que se reúne en los periodos inhábiles–, el Gobierno evitó varias derrotas parlamentarias simplemente porque la aritmética es distinta a la que hay en el Pleno. Ahí, por ejemplo, la suma de PP, Vox y Junts habría sido suficiente para conminar a Sánchez a comparecer por la crisis migratoria y la fuga de Carles Puigdemont.

Los siete votos de Junts fueron imprescindibles para la investidura del socialista, con la remisión como plazo principal, pero siguen siéndolo ahora porque tienen la zancadilla que garantiza a la examen una mayoría de retiro frente al Gobierno. El partido del prófugo reclama que se le aplique el olvido permitido del ‘procés’ a Puigdemont, pero el Tribunal Supremo lo descarta en el caso de la malversación.

Al quebradero de comienzo de Junts, irresuelto y que ya provocó en julio que el Congreso rechazase el techo de consumición propuesto por el Gobierno –paso imprescindible para presentar los presupuestos generales del Estado–, se le añaden otros como Podemos y el exsocialista Ábalos. La mayoría de Sánchez es tan ajustada que el órdago del exministro puede provocar que ni siquiera tenga asegurada la mayoría simple (más síes que noes) en votaciones donde los neoconvergentes se abstengan. Si Junts directamente vota lo mismo que PP y Vox, el Gobierno no tiene cero que hacer.

Cuestión de números

A los 147 diputados del Ejecutante (120 del PSOE y veintisiete de Sumar) junto a añadir los siete de ERC, los seis de Bildu y los cinco del PNV. Esos tres partidos salvaron a Sánchez de la vela en la Diputación Permanente y son ahora mismo los respaldos que tiene garantizados, si correctamente los republicanos vinculan que eso siga siendo así a que se cumpla el pacto fiscal pactado para investir a Salvador Illa ‘president’ de la Generalitat. A esos 165 votos se pueden añadir los cuatro de Podemos –aunque incluso los de Ione Belarra están marcando perfil propio–, el del BNG y el de Coalición Canaria. En total, 171 diputados.


Igualada de partida

en número de escaños

Fuente: Elaboración propia /torrevieja news today

Igualada de partida en número de escaños

Fuente: Elaboración propia /torrevieja news today

El problema que nace para el Gobierno es que hasta ahora esos 171 votos eran 172 porque aunque Ábalos hubiese legado el brinco al Clan Fósforo –expulsado del PSOE por su posible responsabilidad derivada del caso Koldo–, se había comprometido a sustentar la disciplina del Clan Socialista. La situación ha cambiado, legado que en la auditoría interna realizada en el Empleo de Transportes, a las órdenes de Óscar Puente, se imputa a Ábalos una orden para duplicar la adquisición de mascarillas a la trama de su exasesor. Y eso, en un marco donde Junts se abstenga, deja a la mayoría que sostiene al Gobierno con los mismos 171 escaños que juntan PP, Vox y UPN.

El primer apartado del artículo 88 del ‘Reglamento del Congreso’ especifica: «Cuando ocurriere igualada en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiese aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime arreglado la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjese igualada, se entenderá desechado el informe, artículo, corrección, voto particular o proposición de que se trate». Es sostener, en asuntos donde PP, Vox y UPN se opongan al Ejecutante, este estará condenado a la derrota solo con que Junts y Ábalos se abstengan al mismo tiempo.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, se aferraba este jueves, en una entrevista concedida a RNE, a un acto de fe en su excompañero y confiaba en que vote por «el interés militar de los españoles». Espadas recordó a Junts que tiene «un acuerdo firmado» con el PSOE y que para concretarlo debe hacerse vía presupuestos, y afirmó que «la mayoría que sustenta al Gobierno progresista» será con la primera que se hable. Según dijo, el Ejecutante tiene la responsabilidad de presentar las cuentas y lo hará, pero a partir de ahí, derivó esa misma responsabilidad en las Cortes Generales.

¿Guiar sin cuentas?

Fuentes del Gobierno, esta misma semana, abrían la puerta a prorrogar por segunda vez consecutiva los presupuestos y seguir gobernando sin cuentas, sin anticipar las elecciones, aunque sea un marco inusual. El propio Sánchez disolvió las Cortes en 2019 cuando ERC provocó la caída de sus cuentas, pero ahora, tras favor perdido los comicios delante Alberto Núñez Feijóo y con investigaciones judiciales que afectan a su entorno más cercano, el contexto es otro.

El panorama se puede complicar aún más si Podemos termina de plasmar en las votaciones su creciente malestar con el Gobierno. Los de Belarra ya tumbaron en enero un auténtico decreto ley de Yolanda Díaz por la reforma de los subsidios de desempleo, pero el martes, en la Diputación Permanente, solo se abstuvieron en dos asuntos en los que se mostraron muy críticos: la diligencia migratoria de Sánchez y la ferroviaria del ministro Óscar Puente. Sendos síes de Podemos habrían provocado que uno y otro hubiesen acudido esta semana al Congreso –Puente lo hizo este jueves a petición propia– obligados por la examen.

Mientras, el Partido Popular aprovecha su mayoría absoluta en el Senado para forzar al Gobierno a dar en la cámara territorial las explicaciones que evita dar en el Congreso. La primera será la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tendrá que comparecer el miércoles de la próxima semana en un pleno urgente para dar cuentas del acuerdo escaso con ERC para la financiación de Cataluña.

Si el Congreso «se cierra», el Senado se convertirá en «el centro del debate», avisó la portavoz del Clan Popular en la Cámara Entrada, Alicia García. De momento, la responsable de la caja del Estado tendrá que explicar los detalles del acuerdo que ha permitido la investidura de Illa «delante la desinformación absoluta del Gobierno y el silencio entre el Ejecutante y ERC», reivindica el PP.

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