El Especie Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno en la que subraya que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos «existió», y pide una «condena» de la Cámara depreciación a las «acciones políticas» que lo «facilitaron».
Así se puede descifrar en el texto de esta iniciativa parlamentaria del PP relativa a «la condena del fraude millonario de billete conocido producido en la Corporación de Andalucía entre 2000 y 2009», registrada tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que entre los pasados meses de junio y julio estimaron parcialmente medios de amparo de una decena de ex altos cargos de la antecedente etapa de agencia socialista en la Corporación condenados en este caso, entre quienes figuraban los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En concreto, el PP quiere con esta PNL, que el Congreso de los Diputados condene y repruebe «las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos a través de la deliberada asesinato de controles a la diligencia de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por la entidad denominada primero Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y después Agencia de Innovación y Ampliación de Andalucía (IDEA) en la decenio transcurrida entre los abriles 2000 y 2009».
En la exposición de motivos para alegar esta iniciativa, el PP alude a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, el 19 de noviembre de 2019, «condenó a diversos miembros del gobierno de la Corporación de Andalucía a diversas penas por el llamado ‘caso de los ERE’», y que fue después confirmada -en septiembre de 2022- por el Tribunal Supremo (TS) tras poseer sido recurrida en casación.
«Ambas sentencias presentaban, fruto de una ingente instrucción, un sólido conjunto de hechos probados que acreditan la existencia de un sistema de pagos de ayudas sociolaborales a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) desprovisto de cualquier tipo de control», remarca el PP en la PNL que ha elevado al Congreso.
Desde el Especie Popular subrayan que «las sentencias acreditan incluso que la tramitación de cientos de millones de euros públicos a través de estos mecanismos carentes de procedimiento burócrata alguno permitió la inclusión de beneficiarios que no habían pertenecido a las empresas teóricamente ayudadas, facilitó que se siguiesen percibiendo estas rentas tras poseer dejado de cumplir los teóricos requisitos, o incluso avaló el uso de estos fondos para fines completamente ajenos a las ayudas sociolaborales».
Este «sistema» –continúa exponiendo la iniciativa del PP– «se institucionalizó de forma progresiva para exceder diversos obstáculos que los mecanismos de control interno de la agencia autonómica fueron advirtiendo», de modo que, «para evitar informes negativos de estos órganos se tramitaron primero modificaciones presupuestarias, a posteriori un convenio entorno nones publicado ni informado por los servicios jurídicos y, finalmente, una ocultación de estas ayudas en una partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA que posibilitaba que estos expedientes de pago no fuesen objeto de la fiscalización necesaria».
Revisión del Tribunal Constitucional
Tras este relato del sistema de pagos de ayudas sociolaborales «desprovisto de cualquier tipo de control» que estaría en la cojín del caso de los ERE, el PP se refiere en su PNL al «examen de revisión de la dominio ordinaria inédito hasta la plazo» que ha realizado el Tribunal Constitucional al estimar parcialmente varios medios de amparo de los altos cargos condenados por estos hechos.
«Las sentencias del Tribunal Constitucional no ponen en cuestión los hechos probados ni ponen en duda la existencia de este sistema de diligencia sin control de millones de euros públicos o su uso para fines espurios», puntualizan desde el PP, desde donde añaden que dichas sentencias «sostienen que el mecanismo que los acusados utilizaron para habilitar este sistema –la creación de una partida específica en las leyes de presupuestos autonómicas– no puede ser castigado por la ecuanimidad ordinaria al ser objeto después del aval parlamentario necesario para su entrada en vigor».
«Es aseverar: los hechos sucedieron, el pago incontrolado se produjo, los usos espurios de billete conocido se consumaron y los altos cargos lo facilitaron pero no pueden ser objeto de responsabilidad penal –parcialmente, porque la sentencia sí la reconoce para la tramitación de determinadas modificaciones presupuestarias– porque los actos con los que habilitaron este proceder no fueron administrativos sino políticos, enmarcados en la relación entre gobierno y Parlamento», se puede descifrar en la exposición de motivos de la PNL del PP.
El Especie Popular sostiene entonces que las referidas sentencias del TC «no establecen ni pueden establecer» un «relato fáctico rotatorio sobre lo que sucedió en Andalucía en esos abriles», con «millones de euros públicos» que «fueron gestionados sin control» y «utilizados para fines distintos a los previstos gracias a un mecanismo diseñado y facilitado por los máximos cargos del gobierno de la Corporación».
«Gravísimos hechos de corrupción»
El PP justifica la presentación de esta iniciativa desde la premisa de que «resulta preocupante que se instale una falsa percepción en la opinión pública de que estos gravísimos hechos de corrupción nones tuvieron área, o de que los dirigentes acusados fueron totalmente ajenos a ellos, cuando no es tal cosa la que se deduce de unas sentencias que sólo cuestionan la posibilidad de perseguir penalmente unos hechos que no se niegan».
«Sería tremendamente formal para el discurso conocido y la ética de la política y de la agencia de nuestro país que se diese por buena, aunque fuese a meros enseres discursivos y de opinión pública, una gala indudablemente lesiva para los intereses públicos», advierte el Especie Popular para subrayar a continuación que «el caso ERE existió, los fondos fueron utilizados indebidamente y los cargos del gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron, de modo deliberado, ese fraude, con independencia de si los medios que utilizaron para ello entran o no adentro del ámbito de lo perseguible penalmente».
«La controvertida procedencia o no del reproche penal a este caso no debe excluir en ningún caso el necesario reproche conocido, político, íntegro y ético a un modo de comportarse que marcó la diligencia pública en Andalucía durante abriles», concluye el PP para alegar la presentación de esta PNL irresoluto de debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.