El pasado 26 de marzo, el Consejo de Gobierno aprobó una nueva etapa del conocido ‘Plan 10.000 Viviendas’, que incluía la construcción de 316 inmuebles en el extrarradio del Polígono residencial de Toledo, tras la cesión gratuita de unos terrenos de Gicaman (Administración De Infraestructuras De Castilla La Mancha SAU), empresa pública adscrita a la Consejería de Fomento de la Concilio de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Una aviso que un día antaño ya fue anunciada a adulación y platillo por el presidente Emiliano García-Page, pero ahora, seis meses luego, el plan se ha truncado al sobrevenir quedado desierto el proceso de oferta iniciado el 15 de mayo, cuyo plazo para presentación de ofertas finalizó el 16 de agosto, tras una prórroga de un mes. Poco que confirma a torrevieja news today la directora universal de Vivienda de la Concilio, Inés Sandoval, que adelanta que ahora los pasos a seguir apuntan a la revisión del pliego de condiciones, analizar los motivos por los que ha quedado desierto el concurso y ver los procedimientos que se pueden tomar adentro de la legislatura administrativa.
Los 316 pisos proyectados iban a construirse en la parcela registral 1/73.444, propiedad de Gicaman, situada en la calle Río Fresnedoso, número 55, del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia, siendo «viviendas de protección oficial, energéticamente eficientes, en régimen de arrendamiento social o a precio asequible». El maniquí ideado por el Gobierno de Castilla-La Mancha pasa por la colaboración público-privada y, para ello, según se recoge en el pliego de condiciones, en esto plan iban a volver 42,5 millones de euros, de los cuales 15,7 eran aportados por los Fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que la Concilio cedía ese suelo manifiesto valorado en 7,6 millones de euros.
Como caseros de estas viviendas, se informaba en el anuncio, sería la empresa adjudicataria de la construcción de viviendas la que se encargase de la construcción y de la trámite posterior de la explotación de los alquileres durante un plazo reducido de 50 abriles y mayor de 75. El plazo mayor de fin de obra era, en un principio, el 30 de junio de 2026 y los inmuebles iban a contar con una superficie media de 71 metros cuadrados, de uno, dos y tres dormitorios, siendo el precio final del arrendamiento cercana a los 700 euros mensuales.
«Se manejo de un maniquí de construcción y promoción inmobiliaria muy novedoso que en Europa está funcionando muy adecuadamente, pero en España aún no está arraigado», afirma Inés Sandoval, que explica que consiste en la cesión de suelo manifiesto mediante un derecho de superficie para construir viviendas y que, luego, transcurridos 50 abriles, tanto el demarcación como los inmuebles revierten a la oficina, pero la iniciativa privada recupera su inversión a través de las rentas del arrendamiento de los inquilinos.
A litigio de la directora universal de Vivienda, «este nuevo maniquí es el presente y el futuro», pero cree que en España y en Castilla-La Mancha el sector inmobiliario está más especializado en un «maniquí más tradicional, que pasa más por construir viviendas para luego venderlas, ya sean protegidas o libres, aunque está haciendo un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos». «Al final, tanto ellos como nosotros, perseguimos un objetivo compartido, que es ampliar la proposición de viviendas y que ésta sea asequible», asegura.
Pese a que el concurso ha quedado desierto, Sandoval reconoce que sí hubo empresas interesadas y estaban buscando financiación, principalmente a través de fondos de inversión. «Nosotros estamos en diálogo constante con el sector inmobiliario y, antaño de sacar a oferta cualquier pliego, nos sentamos con ellos y conocemos de primera mano cuáles son sus deposición, porque al final son los que están en el día a día», concluye.