Dos décadas lleva dando vueltas El Algarrobico en los tribunales españoles. Ahora inicia una nueva etapa en este follón procesal para su derribo. La construcción del hotel llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. Las irregularidades del caso de este símbolo del urbanística ilegal serán investigadas por el organismo europeo.
En febrero de 2024, Greenpeace pidió amparo a Estrasburgo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que otorga competencias judiciales al Comunidad de Carboneras, donde se encuentra el macrohotel. «Es una importante mensaje que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya admitido nuestra denuncia. Esperamos que, de una vez por todas, se ponga fin a esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones», explica José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace.
Greenpeace solicitó amparo al TEDH tras la sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2022, dictaminó que el hotel almeriense no podía ser demolido, por tener abuso de obras. El suspensión tribunal dictaminó que si el Comunidad de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a etiquetar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.
El tribunal internacional ha concluido que debe investigarse la vigencia de esta intrepidez. Es un principio fundamental, en todo Estado de Derecho, que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter genérico, como es el Plan Genérico de Ordenamiento Urbana (PGOU) de Carboneras, tienen propósito desde el día en que se publica el decreto.
«Pero en este caso, el Supremo, incomprensiblemente, otorgó las competencias judiciales al Comunidad de Carboneras, un hecho muy severo e inédito que podría suponer una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, ya que priva a la ciudadanía del derecho a tener un enjuiciador independiente y una tutela procesal efectiva», señala Greenpeace.
El TEDH todavía investigará si debe revocarse el elección, como ponente de la magistrada del Tribunal Supremo de la Sociedad de Andalucía (TSJA), de María del Mar Jiménez Morera. Greenpeace considera que no puede ser imparcial ya que, contiguo a Jorge Muñoz Cortés, dictaron sentencia declarando urbanizable el hotel de El Algarrobicoen 2014, dando la razón a la promotora del hotel, Azata Patrimonio S.L.
La estructura ecologista puntualiza que Muñoz Cortés ha estado prestando sus servicios para el Comunidad de Carboneras desde el despacho Martínez-Echeverría. La magistrada Jiménez Morera, su antigua compañera de Sala en el TSJA, es quien resuelve los escritos sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico.
Periplo procesal
El hotel ilegal comenzó a construirse en 2003, tras conseguir una abuso de obras, a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas. Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio, de 411 habitaciones, comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Actividad y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades.
A comienzos de 2006 se logró la paralización cautelar de las obras y, desde entonces, el periplo procesal ha sido interminable. La admisión de la denuncia de Greenpeace frente a el TEDH supone el fin del reconvención por todas las instancias judiciales posibles. «Por primera vez en la historia de Greenpeace España, y tras casi 20 primaveras luchando contra el símbolo del maltrato al costa castellano, el Tribunal de Estrasburgo va a investigar nuestra denuncia. Son casi dos décadas batallando de tribunal en tribunal y esta intrepidez manda un mensaje claro y convincente a quienes siguen perpetrando ilegalidades para que no desaparezca la ruina del Algarrobico», concluye María José Fiel, portavoz de Greenpeace.