En el vestíbulo principal de la sede del Instituto Cervantes de Madrid, arropado por casi todo su Ministerio (la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, comparecía a esa misma hora en el Senado y no podía asistir) y por distintas personalidades, singularmente los líderes de UGT y CCOO José María Álvarez y Unai Sordo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronunciado este miércoles su ya tradicional conferencia de inicio del curso político.
En un discurso conocedor en un tele prompter de media hora de duración, Sánchez ha confirmado que el próximo Consejo de Ministros presentará la senda de obligación, a la que se ha referido como el «techo de desembolso», tumbada antaño del verano en el Congreso de los Diputados por Junts per Catalunya y que es el primer paso para sacar delante los Presupuestos Generales de Estado, prorrogados este año por el propio Ejecutante. Todavía ha vuelto a presumir de estar al frente de un «gobierno honesto», pese a los escándalos que le acechan, como el del caso Koldo o la investigación legislativo por supuesto tráfico de influencias contra su mujer, Begoña Gómez. Y se ha comprometido a sacar delante la renovacón irresoluto del sistema de financiación autonómica, aumentando el fondo de compensación territorial para que, ha señalado, «todas y cada una de las comunidades autónomas tengan más posibles que cuando gobernaba el Partido Popular».
Contra los barones del PP
Pero el espesor de su discurso, en el que ha fijado seis prioridades para su bono de gobierno (la competitividad, el fortalecimiento del Estado del bienestar, la vivienda o incluso «la paz», entre otros) ha consistido en una dura dicterio contra «los barones del Partido Popular», y más en concreto contra Isabel Díaz Ayuso. Sin citarla por su nombre, Sánchez -que siquiera ha mencionado en momento alguno al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo- ha arremetido cotra las políticas de la Comunidad de Madrid, singularmente las fiscales. El director del Ejecutante ha contrapuesto en todo momento las a su querella muy benéficas para la población políticas de su Ministerio con las de unos gobiernos autonómicos de la derecha que, ha dicho fielmente, «no han dedicado sus posibles a los ciudadanos, sino a empresas privadas, y algunas con nexos familiares».
Sánchez ha dicho que de cada 10 euros que el Gobierno central ha donado a Madrid, 3 de ellos el gobierno autonómico los ha utilizado para «hacer regalos fiscales a los más ricos». En esa segmento, ha anunciado nuevas subidas de impuestos, poco que ha defendido asegurando que «vamos a gravitar a quienes ya tienen en el costado plata suficiente para estar 100 vidas».
En un parlamento de inicio del curso político y del «séptimo año del Gobierno de coalición progresista», como ha remarcado en varios momentos -subrayando encima que hay gobierno «para desprendido»- no ha dedicado ni una sola palabra al acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa este verano como presidente de la Generalitat, ni siquiera al concierto crematístico para Cataluña comprometido por escrito con los independentistas. Sánchez se ha menguado a proclamar que ahora «España cuenta con un gobierno en Cataluña que trabaja por la unión entre los pueblos de España».
En cuanto ha abordado la financiación autonómica sí ha habido una mención a la necesaria «corresponsabilidad fiscal», de cada uno de los gobiernos autonómicos, que según ha precisado será una de las piedras angulares del nuevo sistema, en el que se verán reconocidas, ha dicho, las «singularidades» de los distintos territorios, sin dar viejo precisión.
Todavía ha instado a las comunidades autónomas a comprometerse en el problema de la vivienda, que según ha anunciado será el asunto principal de la próxima conferencia de presidentes que tendrá emplazamiento este año en Cantabria, posteriormente de haberse incumplido en 2023 el compromiso de celebrar este entrevista con todos los presidentes regionales de forma anual. Un problema, el del llegada a un hogar para amplias capas de la población, especialmente las más jovenes, del que ha culpabilizado a las políticas «neoliberales» de la derecha y a su desatiendo de compromiso, ha argumentado, para intervenir el mercado y construir vivienda pública.