Una funcionaria del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en Ourense, ha sido suspendida de empleo durante tres meses tras ser descubierta manteniendo relaciones íntimas con un interno durante su etapa profesional. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el petición presentado por la trabajadora, confirmando así la punición disciplinaria impuesta por la Secretaría Genérico de Instituciones Penitenciarias en el verano de 2022.
Los hechos, según la sentencia, tuvieron extensión la confusión del 7 de agosto de 2021. Durante su turno de vigilancia en uno de los módulos de la prisión, la funcionaria abandonó su puesto sin autorización del patriarca de servicio y accedió a la celda de un interno. Permaneció allí durante treinta minutos, tras los cuales salió “descalza, con los zapatos en la mano y colocándose el uniforme“, según recoge el documento contencioso.
Entreambos reconocieron lo ocurrido
La prueba presentada durante el procedimiento incluye un vídeo que muestra lo descrito, así como las declaraciones tanto de la funcionaria como del interno implicado, quienes reconocieron los hechos. El TSXG considera que la punición impuesta es proporcional a la seriedad de la infracción cometida, que implica no solo el negligencia del puesto de trabajo sin autorización, sino todavía la entrada injustificada en la celda de un recluso y la yerro de respeto al salir sin zapatos y sin el uniforme correctamente colocado.
En su defensa, la funcionaria alegó que el director de la prisión le tenía “animadversión” y que incluso había vulnerado la ley de protección de datos al ceder información personal. Sin requisa, el tribunal no ha opuesto evidencias que respalden estas acusaciones.
El tribunal considera que la comunicación interna realizada por el director, detallando “los graves hechos acontecidos”, así como “la razón por la que se encuentra en este centro penitenciario en comisión de servicios”, estaba justificada dada la seriedad de lo ocurrido.
Conoció a su expareja en otra gayola
Es importante destacar que la funcionaria se encontraba en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en comisión de servicios. Su situación se debe a que había sido víctima de violencia de mercancías por parte de su expareja, a quien había conocido cuando este cumplía condena en la prisión de Lanzarote, donde ella trabajaba anteriormente.
Es por ello que, el tribunal consideró que estos detalles en el noticia del director no constituye una quebrantamiento a la ley de protección de datos, ya que se trataba de una comunicación interna dirigida a un entraña oficial.
La sentencia todavía aborda la solicitud del director de la prisión a la Subdelegación del Gobierno para revocar la descenso por incapacidad temporal que ella había solicitado al entrar en vigor la suspensión de funciones. Aunque, el tribunal reconoce que esta intrepidez administrativa fue en un primer momento incorrecta, luego fue revocada, y descarta cualquier indicio de animadversión por parte de la dirección del centro penitenciario.
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