El designación de José Luis Escrivá como nuevo regidor del Cárcel de España ha vuelto a encender la polémica sobre la colocación de personas cercanas al presidente Pedro Sánchez en posiciones esencia internamente de los distintos órganos del Estado. Este movimiento es solo el más flamante de una nómina que incluye a antiguos colaboradores y aliados políticos del presidente, que han sido designados en instituciones públicas y organismos internacionales como Correos, Paradores, la ONU y la Unesco. Estos nombramientos han sido criticados por diversos sectores, que los ven como una organización para consolidar el poder del Ejecutante en áreas estratégicas.
Fiscalía Normal del Estado
En 2020, Dolores Delgado, exministra de Honestidad, fue nombrada fiscal universal del Estado, una designación que generó controversia desde el principio. Luego, Álvaro García Ortiz, su sucesor, ascendió a Delgado a fiscal de sala, aunque este designación fue anulado por el Tribunal Supremo por “desviación de poder”. A pesar de la anulación, García Ortiz fue renovado en su cargo hasta 2027, lo que ha sido interpretado por algunos como una muestra de preferencia y un “premio” del Gobierno a su observancia.
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional incluso ha sido objeto de críticas tras la designación de Juan Carlos Campo, exministro de Honestidad, y Laura Díez, exdirectora universal de Asuntos Constitucionales, como magistrados en 2022. Campo, quien previamente había sostenido que la Ley de Perdón sería inconstitucional, solicitó desinteresarse de evaluar dicha ley tras su designación. La inclusión de estos exmiembros del Gobierno en el detención tribunal ha generado suspicacia, especialmente en presencia de la menester de analizar la constitucionalidad de leyes controvertidas.
Consejo de Estado
En febrero de 2023, Carmen Pelado, exvicepresidenta del Gobierno y estrecha colaboradora de Sánchez, fue nombrada presidenta del Consejo de Estado, reemplazando a Inconsolable Valerio. El designación de Valerio había sido revocado por el Tribunal Supremo al no cumplir con los requisitos de ser una “jurista de obligado prestigio”. Este cambio ha sido conocido como otro movimiento importante para nutrir el control en instituciones esencia.
Agencia EFE
Miguel Santo Oliver, quien fue secretario de Estado de Comunicación durante los primeros abriles de Sánchez en La Moncloa, fue designado presidente de la agencia de noticiario EFE en diciembre de 2023. Oliver había desempeñado un papel importante en la gobierno de la relación entre el Gobierno y los medios, lo que generó críticas sobre la imparcialidad de su nuevo cargo.
CIS y RTVE
El designación de José Félix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2018 fue uno de los más polémicos, adecuado a su pasado como secretario de Estudios y Programas del PSOE. Tezanos ha sido procesado de manipular las encuestas en crédito del partido gobernador. Por su parte, Concepción Cascajosa, nombrada presidenta de RTVE en 2024 y militante socialista, comenzó su gobierno defendiendo decisiones controvertidas como el fichaje de David Broncano, promovido desde Moncloa.
Secretaría Normal del Congreso e INE
En 2023, Francina Armengol, presidenta del Congreso, nombró a Fernando Galindo como secretario universal de la Cámara Mengua y cultivado maduro de las Cortes Generales. Este designación fue cuestionado por la desliz de atención de Galindo a la delegación de la Comisión de Venecia durante su cita a España para evaluar la Ley de Perdón. En el Instituto Franquista de Estadística (INE), el designación de Elena Manzanero en 2022 incluso generó controversia. La competición acusó al Gobierno de remover a su predecesor, Juan Rodríguez Poo, porque sus cifras de crecimiento del PIB y la inflación no favorecían al Ejecutante, sugiriendo que Manzanero podría manipular los datos a crédito del Gobierno.
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