El fin del verano y la dorso a la normalidad política no ha supuesto un cambio en lo que a temática se refiere. De nuevo, la presentación de migrantes a Galicia fue motivo de discusión este miércoles entre la Xunta y la Delegación del Gobierno en la comunidad, con cameo incluido por parte del Gobierno central. Del danza de cifras sobre la cantidad de refugiados que acogerá Galicia a la financiación para acometer la crisis humanitaria que experimentan las Islas Canarias conexo a Ceuta y Melilla, los reproches se sucedieron de un flanco a otro durante la recorrido.
Todo comenzó en un acto durante la mañana en el que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, respondía al anuncio del Gobierno en el que se establecía una partida de 35 millones a las comunidades autónomas para la atención de 400 menores no acompañados, distribuidos desde Canarias, en el Consejo de Ministros. Una emblema de la que a Galicia corresponden 1,5 millones, insuficiente para encargarse el proceso de extras y escolarización, según apuntó la titular de Política Social. Para lo que pide una financiación «competición y necesaria».
«Vamos a admitir en Galicia cerca de un millón y medio de euros para atender a 26 personas menores no acompañadas, pero tenemos que requerir más financiación porque esto tan solo cubre un año, una vez que lleguen todos esos menores», aseveró Fabiola García. Todo ello a posteriori de que entre las más de 800 personas que acoge ya la comunidad se identificasen a, al menos, 15 menores de antigüedad, cuando en un principio se había comunicado desde la Delegación de Gobierno que se trataba de adultos -y que serían 700, a la paciencia de que sigan llegando más migrantes a Galicia-. Hecho por el que la conselleira reclamó, en la misma bisectriz en la que ya se pronunció el presidente de la Xunta, «claridad» en el proceso de acogida, no antiguamente de rememorar que los menores deben «incorporarse automáticamente» interiormente del sistema de protección y ser acompañados «hasta la antigüedad adulta» por las comunidades.
«Pendientes de las pruebas»
Unas declaraciones que fueron replicadas horas a posteriori por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que defendió la información transmitida al gobierno autonómico sobre el desplazamiento de migrantes como «clara, puntual, fluida, completa y a todos los niveles». «Estamos en presencia de una crisis migratoria, humanitaria, no es poco que podamos prever meses antiguamente», indicó Blanco.
Sin secuestro, admitió que entre las 800 personas acogidas por la comunidad gallega puede favor algún último que se les «pasó» por parada, aunque puso en duda el proceso de identificación de los 15 menores detectados por la Xunta. «Hablaba de que había 15 pero estaban pendientes de hacer las pruebas», afirmó el delegado del Gobierno, que todavía indicó a los medios de comunicación tras ser preguntado que se ha puesto en contacto con la Fiscalía «para retener si tenía conocimiento de que había algún último no atendido», ya que él no contaba con «ningún tipo de información».
«Información toda, colaboración absolutamente toda y hablamos de una emergencia sanitaria», concluyó Blanco en Castro de Rei (Lugo), tras su cita a las instalaciones de la empresa Innolact, beneficiaria del Perte Campo.
Cifras poco concretas
Pero la Consellería de Política Social no tardó en equilibrar las palabras del delegado del Gobierno, indicando que la Xunta «tiene la certeza absoluta» de que los 13 migrantes identificados eran, efectivamente, menores de antigüedad. «Se han realizado pruebas siguiendo el protocolo establecido , o perfectamente porque algunos tienen documentación que corrobora que son menores de antigüedad», especificaron desde el gobierno autonómico.
Asimismo, la Consellería de Política Social afeó a la delegación del Gobierno de que, en su día, acusara a la Xunta de «enredar» por aseverar que llegarían a Galicia más de las 700 personas , cuando ya se han superado las 800 y las previsiones indican que se superará el millar de desplazados en los próximos días. Una respuesta que, encima, no omitió otro de los puntos de discordia entre el representante del gobierno central y la Xunta: la responsabilidad de los costes derivados de la atención a los desplazados desde Canarias para aliviar la saturación que sufren los servicios del archipiélago. Si perfectamente está claro que todos los gastos de desplazamiento, manutención y atención de los adultos corre a cargo del Gobierno de España, la competencia cambia en el caso de menores no acompañados, cuya tutela es responsabilidad de las comunidades autónomas.
Por lo tanto, la Xunta tendrá que hacerse cargo de estos 15 menores, encima de los que lleguen en un futuro, mientras que la información proporcionada por la delegación de Gobierno hasta el momento era que los costes implícitos de atender a los 800 migrantes eran asunto suyo en monopolio, ya que, en un principio, los ya llegados eran adultos.