La mina de coltán de Penouta, en el concello de Viana de Necio, la única que extrae este preciado mineral en Europa, continúa cerrada y sin previsión de que esta situación vaya a cambiar a corto o incluso medio plazo.
La responsable de la mina hasta la suspensión del permiso de explotación, la empresa canadiense Strategic Minerals Europe, presentó recientemente los resultados financieros del segundo trimestre de 2024. En el mensaje hecho notorio, la concesionaria revela que ha registrado pérdidas por valencia de 2,43 millones de euros conveniente a los gastos relacionados con el mantenimiento de la planta en condiciones seguras mientras las operaciones están suspendidas.
La empresa anuncia que ha tomado “varias medidas” con el fin de estrechar costes “mientras las operaciones están inactivas”, sin entrar en más detalles sobre las decisiones adoptadas. Por otra parte sostiene que se encuentra “buscando activamente nuevas fuentes de financiación”.
El cerradura cautelar decretado el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) supuso el fin de las operaciones en Penouta hasta el momento. Después, el 13 de diciembre, el TSXG ratificó la suspensión provisional, y el mismo Tribunal anuló finalmente el permiso de explotación el 12 de junio de este año tras la apelación de la empresa minera.
De esta forma, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Oficinista estimó el petición interpuesto por Ecologistas en Actividad, al considerar insuficiente el estudio de afección ambiental por prescindir el impacto de la minería en Penouta en la Red Naturaleza 2000.
A punto de cumplirse un año del cerradura, Strategic Minerals detalla que se encuentra “explorando todas las vías legales para revertir la anulación del permiso de explotación y acelerar la restitución del permiso (de explotación de bienes) de la Sección C, incluida una apelación delante el Tribunal Supremo de España”.
La compañía afirma que, a 30 de junio de 2024, disponía de “13.000 euros de efectivo para erradicar pasivos corrientes por valencia de 8,92 millones”, lo que “arroja dudas significativas sobre la capacidad para cumplir con los compromisos según lo planeado”. De hecho, igualmente añade que se encuentra “analizando reanudar la producción en una sección diferente de su Esquema Penouta, con la explotación de depósitos de relaves y desechos para difundir un flujo de efectivo inmediato”.
ERTE
La suspensión cautelar en 2023 de la mina de Penouta llevó a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los 129 trabajadores que empleaba, entre puestos directos e indirectos, y que después se ha ampliado por un año tras el desacierto del 12 de junio.
Los trabajadores y sus familias, muchas de las cuales dependían del sustento que proporcionaba el empleo en la mina, continúan esperando una decisión en el interior de una gran “incertidumbre”. No obstante, tras casi un año de precariedad, algunos se han poliedro de desprecio voluntariamente del ERTE en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
El impacto del cerradura de la explotación para la comarca de Viana llevó a centenares de personas, entre trabajadores, familiares, sindicatos y representantes de la empresa, a salir a la calle y protagonizar varias manifestaciones.
Nuevo vaparalo procesal tras la comprensión de diligencias penales
torrevieja news today recogió el miércoles que el supremo de instrucción de Trives había extenso diligencias penales contra la mina de Penouta por un delito contra el medio concurrencia y los bienes naturales, en su modalidad agravada de aventura para la vitalidad de las personas, a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Actividad.
La denuncia de la ordenamiento ecologista surge tras salir a la luz un examen en el entorno de la explotación minera, realizado por un laboratorio “acreditado por la oficina hidráulica”, que muestra niveles de concentración de metales pesados considerados “alarmantes”. En concreto, el examen arrojó títulos de cadmio que superaban en 112,5 veces el valencia mayor permitido de esta sustancia tóxica y cancerígena.
Por otra parte de cadmio, los títulos de arsénico registrados igualmente superaban en un 30% el nivel judicial permitido. Por el momento, tras destapar diligencias, el supremo de Trives ha solicitado un examen de la situación de los vertidos.