La Xunta de Galicia ha presentado este jueves un estudio, el cual ha sido encargado a una consultora, sobre los costes que supondría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9, que está siendo tramitada en el Congreso y que, tal y como está redactada, supondría la ampliación de las bonificaciones ya en vigor y el fin del incremento anual de los peajes.
Todo ello se traduce en un incremento de unos 526,5 millones de euros sobre los 1.149 millones que ya se van a satisfacer hasta 2048, año en el que la concesión con Audasa llega a su fin. Esta cantidad será aportada con el mantenimiento de las bonificaciones que se encuentran en vigor. En total, siempre según este documentación, realizado por Eptisa, se pagarán unos 1.676 millones.
“Carencia que ver con el danza de cifras regalado por el Gobierno“, ha esgrimido la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una rueda de prensa ofrecida próximo al director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y al dirigente de Proyectos de la consultora, Marcos Maderuelo.
El pasado mes de junio, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, había situado el traspaso en la horquilla de 1.260 a 2.600 millones.
En este contexto, el estudio del Gobierno autonómico contempla tres escenarios posibles para la AP-9: la transferencia de titularidad, que no llevaría emparejado un coste a mayores; la transferencia próximo con nuevos descuentos, que lo subiría en los 526,5 millones ya mencionados; y la finalización de la concesión.