El Partido Popular considera que la ley de remisión es, adicionalmente de inconstitucional, “injusta e inmoral”, y que sólo búsqueda “borrar delitos que han sido cometidos para que uno se pueda abastecer en el poder”. Con esos argumentos, la formación ha recurrido este jueves la norma delante el Tribunal Constitucional.
La encargada de presentar ese expediente ha sido la secretaria genérico del PP, Cuca Gamarra. Un expediente en el que, en sus propias palabras, se “plasman todas las vulneraciones e infracciones constitucionales en los que incurre”. Para Gamarra, esto no era solo necesario, sino que todavía era “una obligación ético del PP como único partido de Estado, fiel a la Constitución y a la igualdad, el único partido de Estado que queda en el meta parlamentario”.
El partido no ha hecho divulgado por ahora el expediente delante el Tribunal Constitucional, firmado por los diputados y senadores, pero la número dos del PP ha explicado a los medios que consideran la ley inconstitucional porque “es arbitraria” ya que su único objetivo es “conseguir el poder a cambio de la impunidad absolutamente arbitraria por todos aquellos que la han impulsado y así lo han obligado los propios debates parlamentarios”.
Ahora que el expediente del PP ya ha sido registrado, el presidente del suspensión tribunal tiene la intención de trasladarlo para su admisión a trámite en el próximo pleno del 24 de septiembre. La ponencia del expediente ha correspondido al magistrado José María Macías. Por otra parte, el pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto nacer a estudiar la semana próxima la constitucionalidad de la norma a partir de la cuestión que elevó a finales de julio el Tribunal Supremo.
No será el único expediente
La docena de autonomías gobernadas por los populares todavía tienen previsto presentar sus propios capital de inconstitucionalidad contra la remisión por romper la igualdad de los españoles. Todas tienen de plazo para hacerlo hasta el próximo 11 de septiembre, ya que la norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio y disponen de tres meses para acudir.
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