El presidente del PPCV y de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha conseguido sacar delante en las Cortes Valencianas dos medidas de calado en el inicio del primer curso político tras la salida de Vox de su Gobierno autonómico. Se tráfico del decreto-ley para las viviendas turísticas y la subida salarial a los funcionarios.
Aunque los representantes del partido de Santiago Abascal sí que apoyaron ya otra norma presentada por los populares, el decreto de simplificación administrativa, ahora en cambio han rechazado el incremento retributivo del personal de la Sucursal argumentando que va contra su postura sobre los cargos públicos, al «meterlos en el mismo saco» que a los funcionarios.
No obstante, en este caso Mazón ha acabado los votos necesarios en las filas de la examen y tanto los socialistas como Compromís le han respaldado en el Parlamento autonómico.
En el horizonte de la presente sesión, el dirigente popular tiene ahora como oposición la aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025, para lo que necesitará el apoyo de sus antiguos socios de gobierno de Vox o -como ha ocurrido este jueves- del PSPV y los nacionalistas. Previamente, Mazón ya anticipó cuando abandonaron su coalición los de Abascal que él estaba dispuesto a departir y negociar con todas las fuerzas políticas.
Rigor y seguridad jurídica con los alojamientos
Las novedades principales del decreto-ley de viviendas turísticas, tal como ha expuesto en su comparecencia en las Cortes Valencianas la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, aportarán «seguridad jurídica» y rigor para ordenar la ofrecimiento de este tipo de alojamientos.
De entrada, deben actualizarse las declaraciones, incluyendo la dirección exacta, remisión catastral única y propietario de la vivienda, entre otros datos. Y la validez en el registro de uso turístico ahora será de cinco abriles.
Por otra parte, se las diferencia de otros alquileres de temporada, cuya regulación es competencia del Estado. En concreto, Montes ha precisado que «se establece que todo inquilinato de 10 días o menos se considera inquilinato turístico y está sujeto a esta norma autonómica, mientras que los alquileres por periodos superiores están sujetos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)».
Sobre este asunto, ha puesto el foco en que «más del 96 % de la comercialización de viviendas de uso turístico se realiza en periodos de 10 días o menos» y ha puntualizado que esta medida «protege de cualquier regulación desproporcionada que pueda imponer el Gobierno de España».
Otra de las medidas que recoge entre sus puntos es el respeto a la autonomía municipal para lindar esta actividad y otorga la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de beneplácito y cobro previstas.
La titular de Turismo todavía ha expuesto que «para evitar la especulación con las viviendas turísticas, el decreto-ley incluye que, en caso de traspaso o transmisión de la propiedad, se pierde la inmoralidad y el nuevo propietario del inmueble deberá encargar una nueva testimonio responsable».
El nuevo texto normativo introduce diferentes parámetros para mejorar la calidad de la ofrecimiento turística. De este modo, las viviendas con este uso deberán, encima de cumplir con las normas mínimas de habitabilidad, con ciertos requisitos y servicios.
Un 2% de incremento retributivo en la Sucursal
En cuanto a la subida retributiva del 2% para los funcionarios, que modifica una ley aludido, la consellera de Hacienda, Capital y Sucursal Pública, Ruth Merino, ha expuesto el aumento para 2024, así como los criterios exigidos por el Estado relativos a los gastos de personal.
Por otra parte, ha indicado que esta medida se desarrolla para el cumplimiento del acuerdo entorno para una Sucursal del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 y para tres ejercicios anuales.
Por otra parte de esta medida que viene del Estado y la Generalitat Valenciana asume y comparte, Merino ha anticipado que se han propuesto cumplir con la norma europea y fijarse el objetivo de deducir la temporalidad en el empleo sabido al 8%. Para lo que se está elaborando un plan estadístico que, tras una grado de disección de la situación contemporáneo, afrontará reformas estructurales para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la Generalitat.