La titular del Auditoría de Instrucción número 18 de Sevilla ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo una depósito de mensajes vertidos por Luis Pérez Fernández -conocido como Alvise- en su canal de Telegram para que los estudie por si considera que hay indicios de amenazas y represión de la función territorial suficientes para presentar una denuncia en presencia de la Sala Segunda, donde el líder de Se Acabó la Fiesta (SAF) tiene aforamiento en calidad de eurodiputado.
Se comercio de la misma magistrada que entiende de la querella presentada por el secretario genérico de FACUA, Rubén Sánchez, contra el constituyente de las listas electorales de SAF Vito Quiles por delitos de calumnias. Él, por cierto, está citado como investigado el próximo 25 de noviembre, a posteriori de personarse en la causa en el mes de junio.
A esa momento se remontan los hechos. La magistrada, al intentar sin éxito que Quiles compareciese en el audiencia en relación a la querella, libró orden a la Policía para que averiguasen su paradero y le notificasen la existencia de la causa. En el preámbulo de aquella resolución se recogía por error, según aclararía luego el audiencia, que debía igualmente ser arrestado y puesto a disposición de la magistrada.
A resultas, Alvise Pérez publicó un mensaje en presencia de las decenas de miles de personas que integran su género de la red social Telegram dando «24 horas» a la magistrado para rectificar aquel automóvil, so pena de propagar, decía, «cosas sobre la definición del término ‘soborno’». Lo posterior fue dar a entender que había llamado a la magistrada por teléfono y detentar el mérito de aquella rectificación, que efectivamente se produjo porque positivamente había un error en la resolución.
En aquel momento, el secretario genérico de FACUA puso en conocimiento de la magistrada los mensajes para que tuviese conocimiento. Tras estudiarlos, ha tomado la determinación de elevarlos a la Fiscalía del Tribunal Supremo, «en tanto que los dos mensajes de Telegram aportados por la parte querellante contienen expresiones referidas a la proveyente como Magistrada Jueza de éste Auditoría que pueden constituir amenazas y represión a la función territorial».
«Se acuerda se disponible refrendo de los particulares que se dirán a continuación y su remisión a Fiscalía del Tribunal Supremo a fin de que de estimarlos delictivos presente la oportuna denuncia en presencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», dice la resolución, adelantada por eldiario.es y consultada por torrevieja news today. De este modo, será el Profesión Notorio quien haya de tomar una audacia. Si considera que de los mensajes se desprenden indicios de delito, el caso acabaría en manos de la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena.