La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que abra juicio oral contra el exconseller catalán y eurodiputado de Junts Clara Ponsatí después de que el juez de instrucción, Pablo Llarena, dictara el auto sumario el pasado mes de julio tras tomarle declaración cuando era detenida por un presunto delito de desobediencia por el 1-O.
Según ha informado ‘OkDiario’ y han confirmado a Europa Press fuentes fiscales, el Ministerio Fiscal ha presentado el escrito antes de que los jueces de la Sala se pronuncien sobre el horizonte judicial de Ponsatí.
El pasado mes de julio, Llarena dictó el auto de conclusión del sumario al considerar que tras haberle tomado declaración no fue necesaria más investigación. Así, puso fin a las investigaciones y las remitió al Juzgado Penal, que será quien decida los próximos pasos.
Ponsatí fue detenida en julio después de que ella misma lo anunciara en sus redes sociales quien estuvo en barcelonaa pesar de la orden nacional de búsqueda y captura en su contra.
Llarena acordó que el Juzgado de Guardia de Barcelona le tomaría declaración para informarle de su procesamiento por desobediencia y así poder continuar con el proceso penal contra él.
La exconsejera hizo uso de su derecho a no declarar, tras lo cual quedó en libertad, tal y como había ordenado el instructor del ‘procés’, aunque con la imposición de designar un domicilio en España para recibir las notificaciones judiciales.
La sentada ante el Tribunal Supremo
Era la segunda vez que Ponsatí era detenido en Barcelona por orden del Tribunal Supremo. Ya fue puesta en libertad el 28 de marzo y luego quedó en libertad con la obligación de declarar ante Llarena el 24 de abril, pero estuvo ausente alegando, primero, que tenía un trabajo en el Parlamento Europeo y, segundo, que estaba protegida por su inmunidad como eurodiputado.
Tras este plantón, el instructor volvió a girar una orden nacional de busca y captura contra Ponsatí con el único objetivo de poder informarle de su procesamiento por un delito de desobediencia y así continuar con el proceso penal en su contra, que hasta el pasado mes de marzo quedó paralizado por la reunión fugitivo en Bruselas.
Llarena resolvió que había faltado a su cita con el Tribunal Supremo “injustificadamente”, al considerar que se podrían haber buscado fórmulas para que compareciera incluso desde Estrasburgo; mientras que la segunda cuestión planteada por Ponsatí fue respondida por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 5 de julio levantando la inmunidad que conservaban provisionalmente el exconsejero, el también exconsejero Toni Comín y el expresidente catalán Carles Puigdemont.
De esta forma, el TGUE allanó el camino para que Llarena, a petición de los fiscales del ‘procés’, reactivara las euroórdenes contra Puigdemont y Comín. Sin embargo, en el caso de Ponsatí ya no es posible porque ha sido procesada por un delito sin prisión.