El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha convocado este lunes un pleno extraordinario de su Gobierno para aprobar la aprobación del apelación contra la Ley de Condonación. La cita tiene carácter «urgente» y será «monográfica y monopolio» toda vez que plazo legítimo para presentarse frente a el Tribunal Constitucional finaliza este miércoles.
El Ejecutor valenciano cuenta con el pronunciamiento inclinado del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que entiende que «hay argumentos suficientes» para acudir frente a el TC la remisión a los condenados por el intento del ‘desgracia’ separatista en Cataluña.
Mazón, inmediato a otros presidentes autonómicos del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha optado por presentar un apelación de inconstitucionalidad contra la Ley de Aministía.
La Generalitat incluso pedirá la recusación de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díaz, al entender que están vinculados al PSOE, que fue el partido que impulsó la remisión para comprobar los votos de la formación de Carles Puigdemont en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El dirigente valenciano sostiene que su Gobierno persigue con esta iniciativa, que asume con «todas las consecuencia» velar por «la igualdad en el Estado de Derecho frente a la Rectitud de todos los españoles».
Mazón ya anunció el pasado 30 de mayo, en una sesión de control parlamentario, que el Gobierno valenciano ya tenía preparado el apelación, el mismo día en el que el Pleno del Congreso respaldó con mayoría absoluta la Ley de Condonación con lo que levantaba el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación.
La ley reunió el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.
El pasado 24 de agosto la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, informó de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ya había cedido luz verde al apelación de inconstitucionalidad del Gobierno valenciano a la Ley de Condonación, porque, según señaló entonces, el víscera consultivo consideraba que existen «argumentos suficientes» para que se pronuncie el TC.