A primera hora de la mañana de este lunes, 9 de septiembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, ha presentado de forma telemática un memorial de constitucionalidad contra la emplazamiento Ley de Perdón, como ya había anunciado.
Tras habilitar a los servicios jurídicos de la Acoplamiento de Comunidades, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomó esta atrevimiento el 30 de julio pasado tras estudiar el voto del Consejo Consultivo solicitado por el presidente regional, Emiliano García-Page.
Sus conclusiones son «contundentes» respecto a la inconstitucionalidad de la norma, han señalado a torrevieja news today fuentes del Ejecutante autonómico. El entraña consultivo ha concluido por unanimidad que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí está legitimado para presentar un memorial de inconstitucional como parte del Estado y considera que «la remisión no tiene encaje en el liga constitucional».
Page dijo entonces sentirse «perplejo» por el «atronador silencio» delante el «bajo atentado a la igualdad anunciado por ERC, que, a su causa, se debe a «un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles».
El Consejo Consultivo se apoya en diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y concluye que resulta posible que la Comunidad Autónoma pueda presentar un memorial de inconstitucionalidad «delante cualquier infracción constitucional en que pueda incurrir una norma y no solamente en aquellos casos relacionados directamente con la defensa de sus competencias propias».
Respecto a la adecuación de la ley al liga de la constitucionalidad, -sobre lo que igualmente se había pedido pronunciamiento-, el Consejo Consultivo determina en su voto que la Ley de Perdón no tiene cabida en la Constitución y, encima, plantea que su aprobación habría requerido una reforma constitucional.
El Consejo Consultivo completa el voto apuntando que «esta ley vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad«. Esto significa que toda atrevimiento que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una atrevimiento arbitraria y, en consecuencia, inconstitucional.