El sentenciador que instruye el caso Koldo ha rechazado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que se valore la imputación del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. El magistrado Ismael Bronceado pedestal su valentía en que en este momento “no existen motivos bastantes” para dar ese paso, tal y como solicitaba la inculpación popular de Iustitia Europa.
Así, Bronceado sigue la andana de la Fiscalía, que la semana pasada se opuso a venir al Supremo. La condición de aforado de Ábalos haría necesario que el Detención Tribunal absorbiera el caso.
“A día de la época, no existen motivos bastantes para elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, resuelve en el coche al que ha tenido ataque EL MUNDO. No obstante, señala que está irresoluto “de lo que pudiera resultar en un futuro, como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción”. Advierte, asimismo de que está irresoluto de la praxis de diversas diligencias -como testificales, interrogatorios de investigados o informes policiales sobre el resultado de los volcados de mercancía digitales intervenidos-.
El magistrado da curso a la petición de la asociación Liberum para pedir la afirmación testifical del director financiero y de Control de Mandato de Adif, Manuel Fresno Castro. La cita para este suspensión directivo del engendro conocido está prevista para el 16 de septiembre a las 10.30 horas.
En este procedimiento que lleva el Supremo Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Doméstico están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Suministro Pública con un valor general de 51.998.434 euros.
El sentenciador investiga entre otros a Koldo García, ex asesor de Ábalos y hombre de su máxima confianza, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la traspaso de mascarillas en la peor parte de la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de estructura criminal, enjalbegamiento de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.