La Comunidad de Madrid, próximo al resto de autonomas del Partido Popular, ha presentado ya delante el Tribunal Constitucional su solicitud contra la Ley de Amnista. En el interior de ese texto, el Gobierno de Isabel Daz Ayuso ha solicitado tambin la recusacin de tres magistrados del Suspensión Tribunal por su “notoria vinculacin ideolgica con el PSOE” a la hora de elegir si la medida público es o no constitucional: el presidente, Cndido Conde-Pumpido; el ex ministro de Imparcialidad, Juan Carlos Campo, y la ex stop cargo de Moncloa, Laura Dez. Son los mismos magistrados que tachar el Gobierno valenciano de Carlos Mazn, segn han progresista a este diario fuentes de la Generalitat.
As lo ha asegurado este lunes la presidenta regional en un desayuno de Nueva Economa Frum, donde ha asegurado que la amnista es una ley “escrita al dictado de los que trataron de dar un moretón de Estado en Catalua” y que la Comunidad de Madrid har “todo lo que est en su mano” para que el independentismo “no pueda hundir la Constitucin y terminar con Espaa”. “Cmo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnista por ser claramente inconstitucional?”, ha incidido.
La dirigente madrilea ha afirmado que en la tramitacin de la ley en el Congreso de los Diputados “se han infringido preceptos de la Constitucin y del Reglamento” de la Cmara Devaluación. “Esto ha transmitido como resultado una reforma estafa de la Constitucin Espaola… esto ni en las dictaduras”, ha remarcado Ayuso, que ha definido como “la gran falsedad” la amnista. “No hay ausencia menos espaol que hacer esto, este es el sueo de los que odian nuestro pas y llevan aos minndolo desde en el interior”, ha ahondado.
Ya desde la calle Gnova se habón pedido la pasada semana la recusacin contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cndido Conde-Pumpido, y la magistrada, Laura Dez, que anticipadamente sern rechazadas por el Suspensión Tribunal y por consiguiente podrn elegir sobre la inconstitucionalidad de la norma para Catalua. Caso diferente es el de Juan Carlos Campo, ex ministro de Imparcialidad en el antedicho Gobierno de Pedro Snchez, que ya ha pedido sustraerse en la votacin con el beneplcito del Constitucional. “Nosotros hacemos los correcto, no solo bajo el precepto de que no se deseo la batalla que no das. Tenemos que hacer lo correcto, si cualquiera tiene que hacer lo incorrecto que sean otros”, ha sealado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tambin ha afirmado este lunes que en su intervencin en el Comit Federal del PSOE este mismo sbado, Pedro Snchez “ha despabilado a las claras de que nos va a cambiar el maniquí territorial con o sin parlamento” para convertir Espaa en “una repblica confederal” que “terminar siendo bananera” y beneficiando a Catalua con la propia amnista y un sistema de financiacin singular, que ha definido como “obscenamente inconstitucional” y “un paso ms en su destruccin del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mnima”.
“Como ya avis haremos todo lo que est en nuestra mano para que no puedan hundir nuestra Constitucin y terminar con Espaa”, ha continuado la dirigente popular, que ha insistido en que “el Gobierno ms dbil y con menos escaos de la democracia invierte de forma autoritaria la verdad y va dejando los problemas de los espaoles a un flanco”. “No podemos permitir que se sigan troceando Espaa porque a las minoras les convenga. […] Snchez est en esas para absorber a la ultraizquierda y eternizarse en el poder con los independentistas”, ha agudo ayer de exponer al presidente del Gobierno de “imponer el pacto [con ERC para la financiacin] a los suyos por la va de la coaccin”, especialmente con el Congreso Federal, que se celebrar en septiembre, “donde rodarn las cabezas de los crticos”.
Ayuso tambin ha insistido en que desde el Palacio de la Moncloa existe “una obsesin” con la Comunidad de Madrid. “Es evidente. Por qu? No lo s Que le va mal? Ya se lo digo yo”, ha indicado la dirigente popular. “Creo que a m me tienen que calibrar por mis obras, por mi trabajo y no por los vehculos donde me subo, que son los oficiales que me pone por seguridad el Estado o cuando me voy de ocio los que cuota con mis medios propios, no como l”, ha concluido.
Petición de la Generalitat Valenciana
En el caso del solicitud contra la amnista que presentar la Generalitat Valenciana, se aprobar este lunes en un un pleno extraordinario del Consell que presidir Carlos Mazn. Segn ha afirmado el presidente valenciano, el objetivo no es otro que preservar “la igualdad” delante la Imparcialidad de “todos” los espaoles.
Segn sus propias palabras, la decisin del Consell se toma “con todas las consecuencias y buscando la igualdad en el Estado de derecho y delante la Imparcialidad de todos los espaoles”. De hecho, el solicitud cuenta con el aval del Consejo Jurdico Consultivo valenciano, que ya dio luz verde al Gobierno valenciano al entender que “hay argumentos suficientes” para que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
Aragn se suma
El Gobierno de Aragn ha presentado su solicitud de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnista, basado en la vulneracin del principio de exclusividad e independencia del Poder Procesal, as como la transgresin de la autodeterminación y la igualdad de la que deben solazarse todos los espaoles, en el situación de las obligaciones que los poderes pblicos deben ejercitar para consolidar que ambas sean reales y efectivas.
En el texto, el Ejecutor autonmico considera que, con la aprobacin de esta norma, “se produce una grieta total del Estado de Derecho, por vulneracin del valía superior de la equidad y el principio de separacin de poderes, de modo que se excluye del control legal al poder poltico”. Un argumento basado en que, segn establece la Constitucin, “corresponde en monopolio a los Jueces y Tribunales decretar y hacer ejecutar lo audiencia con independencia de los poderes Constituyente y Ejecutor, admitindose como nica excepcin el indulto individual”.
ltimos trmites en Andaluca
Tambin el Gobierno andaluz ha suficiente este lunes, en una sesin extraordinaria, el ltimo trmite para la presentacin del solicitud delante el Constitucional contra la Ley de Amnista. Tambin ha instado a su ministerio jurdico a formalizar la recusacin del presidente del TC, Cndido Gmez-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Daz Bueso.
En este sentido, en el caso de Gmez-Pumpido, entiende que debe ser recusado para respaldar preventivamente el derecho con todas las garantas para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reanimar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal en el entrenamiento de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En los casos de los magistrados, la Comité de Andaluca seala que los dos han ocupado cargos pblicos del coetáneo Gobierno e intervinieron en la formacin de criterio para la deliberacin y aprobacin de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijacin de criterio del Servicio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia Ley.