La Juntura de Andalucía tiene previsto rehusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional para que no participen en la resolución del solicitud de inconstitucionalidad contra la Ley de Gracia que ha presentado este lunes, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP. En concreto, el Consejo de Gobierno andaluz, en una sesión extraordinaria, ha pedido apartar al presidente, Cándido Conde-Pumpido; al ex ministro de Equidad, exdiputado del PSOE por Cádiz y ex stop cargo en el gobierno de Manuel Chaves, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez Bueso, que fue directora común de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el Servicio de la Presidencia entre febrero y 2020 y abril de 2022.
El denominador popular es que todos han ocupado cargos políticos con gobiernos del PSOE, empezando por Conde-Pumpido, magistrado próximo a este partido que fue común del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Atezado, ha anunciado este lunes la presentación del solicitud de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Orgánica de remisión para la normalización institucional, política y social en Cataluña y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024 y entró en vigor en junio. La norma sedimento los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
En la misma sesión del mayor entraña del Ejecutor regional, se ha resuelto instar al Recibidor Forense de la Juntura de Andalucía a formalizar la recusación de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, dados sus vínculos con el PSOE y su participaci´no en resoluciones relacioenadas con los indultos concedidos a los independentistas catalanes.
Argumentos jurídicos
La Juntura argumenta que Conde-Pumpido debe apartarse para respaldar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para aumentar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal Constitucional en el control de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En los casos de los magistrados, la Juntura de Andalucía señala que los dos han ocupado cargos públicos del contemporáneo Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijación de criterio del Servicio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia Ley.