Hace quince abriles adquirieron una vivienda en la colonia Arroyovereda. Una promoción de 200 casas en la billete vallisoletana de Regato de la Encomienda, de las que la medio estaban destinadas a la cesión y el resto al inquilinato. Pista de pádel, piscina o parque de niño eran algunas de las comodidades de esta comunidad de vecinos que desde hace dos abriles dice estar viviendo un calvario.
Unos cincuenta de los pisos han sido «okupados» por personas «conflictivas» y la «tensión» reina en el animación. Hartos de la «insostenible» situación que padecen; con «destrozos», «basuras en las zonas comunes», «enganches ilegales» y, a menudo, discusiones, y aunque dicen comprobar «miedo», los afectados han decidido este lunes protestar.
«Estamos desprotegidos», ha denunciado Carlos, uno de los propietarios del edificio, en una concentración que ha congregado en la plaza del municipio a más de un centenar de personas entre vecinos de los bloques de Arroyovereda y quienes han acudido a mostrar su apoyo.
«Conflictivos»
Una vez que la constructora que impulsó la promoción quebró, muchos de los pisos que estaban vacíos pasaron a manos del Sareb y ahí comenzaron los problemas. El pasado año, cuando los propietarios comenzaron a alzar la voz contra esta situación, eran unas 80 las viviendas okupadas y a día de hoy casi 50 siguen en esa misma situación.
«No nos escuchan», ha explicado Carlos. «Ni el Junta ni la Sareb», ha señalado y por eso han decidido salir a la calle y mostrar su hastío. «No son personas vulnerables», aseguraban muchos de los afectados, sino que se negociación de una «estructura» que se encarga de «avisar» y hacer que las viviendas vacías «pasen a estar en manos de okupas».
Son, encima, personas «conflictivas», ha indicado Javier, otro de los propietarios de una de las viviendas de la colonia que decidió marcharse en presencia de la equivocación de soluciones. «Yo tengo la posibilidad de irme, pero mucha masa no», ha relatado. «Era un sitio maravilloso hace quince abriles, pero cuando tienes que estar discutiendo por todo, incluso por meter mi coche en la plaza de parking, esto no me compensa», ha considerado.
Y mientras, quienes viven en la comunidad no pueden hacer uso de la piscina -decidieron cerrarla desde el verano pasado en presencia de los desperfectos y costes que había que asumir- ni del resto de las instalaciones que fueron las que llamaron su atención allá por 2009.
«Decidimos venir a Regato por la tranquilidad y por este tipo de construcciones», pero en este momento la convivencia es «muy difícil» en Arroyovereda, ha dicho Carlos. Por otra parte de unos gastos de comunidad que se han «disparado» porque las personas que se encuentran residiendo en la comunidad «de forma ilegal no aportan» ni cuotas ni las derramas.
Para Adrián, además dueño de una de las viviendas y afectado por la situación, es «increíble entregar» y siquiera mudarse en presencia de «los precios del mercado inmobiliario». «El animación no es bueno», lamentaba, y coincide con Alberto González, el administrador del edificio. «Hay miedo e inseguridad», ha insistido, porque los vecinos se sienten «intimidados y vigilados» en presencia de la «pasividad» del Sareb, que es un «organismo semipúblico» y «no tiene la agilidad para solucionar ausencia».
El edificio con varias viviendas okupadas en Regato de la Encomienda (Valladolid)
Si a esto le sumas «la código contemporáneo que protege estas okupaciones», lo que se produce es que esta situación, «incómoda» para quienes residen allí «y pagan su hipoteca», se «alarga en el tiempo», ha insistido.
Piden además la intervención del Junta como «intermediario», poco que sí se está haciendo, según ha destacado el corregidor del municipio, Sarbelio Fernández. Presente en la protesta, ha asegurado que el consistorio «hace lo que puede internamente de sus competencias» y ha cargado contra la «pasividad» del Gobierno central en estos casos.
«Nosotros estamos con los vecinos», ha asegurado en una protesta en la que podían leerse pancartas como «Regato, zona okupa», «Los vulnerables somos nosotros» o «¿Quién nos ayuda?». Mientras, fuentes del Sareb aseguraron que ya han interpuesto 44 denuncias «civiles y penales», a parte de las personas que han okupado sus viviendas, una vez que se ha comprobado que son «conflictivos».
En los 16 pisos de su propiedad que están vacíos aseguran suceder puesto «medidas de seguridad». Por otra parte, han firmado un inquilinato social con una grupo «endeble» que participa en un «séquito social» -requisito obligatorio para que Sareb otorgue ese tipo de alquiler- y estudian, cercano al consistorio, «uno por uno» otros quince casos de este tipo.
«Estamos trabajando intensamente en este asunto y lamentamos la situación complicada para los vecinos», aseguraron, tras rememorar que los trámites judiciales y sus tiempos «no dependen» del Sareb. Señalaron además que en el caso de los pisos que tienen un resolución de inquilinato con el preparatorio propietario se «subrogó» y son inquilinos legales.