El Tribunal Constitucional ha amanecido con su mesa repleta de capital en contra de la ley de Perdón. Una cascada burocrática diseñada por el Partido Popular y las comunidades que preside y a la que se han sumado además Castilla-La Mancha, el único departamento díscolo adentro del universo socialista. En total, han sido siete las autonomías que han registrado su escrito -Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha- y a ellas se sumarán las cinco que faltan: Extremadura, Castilla y Audaz, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja. Ataque armónica que pretende poner a prueba la mayoría progresista del Constitucional.
Abierta la privación la semana pasada, con la presentación del arbitrio de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular, esta semana le tocaba el turno a las comunidades gobernadas bajo sus siglas. Merienda en total. Todas ellas habían ya anunciado antaño del verano su intención de comparecer al Constitucional y todas han escaso el plazo de presentación al mayor, evidenciando la logística global. La interpretación oficial acento de agotar el tiempo por la menester de elaborar un documento riguroso y detallado. Lo más justo a derecho posible. Y debe ser verdad, porque hasta Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha exprimido casi hasta el final el plazo.
Entre las comunidades que han enviado su escrito al Constitucional está Madrid, cuya presidenta explicó ayer que no podía mantenerse «de brazos cruzados en presencia de el decano acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia». Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que es una ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un toque de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional». Preguntada sobre si confiaba en la imparcialidad del Tribunal Constitucional para evaluar esa ley y si aceptará lo que determine, ha subrayado que «no se negociación de entregarse en manos o no, sino de hacer lo correcto». Ha justificado, encima la recusación de tres magistrados por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE», partido que presentó el texto, «lo que les inhabilita para emplumar» su constitucionalidad, informa Mariano Calleja.
Este extremo de la recusación de Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díaz, que además incluía el arbitrio genérico del PP, lo han recogido otros de los escritos registrados este lunes, como el de Galicia, Valencia o Andalucía. «La ley de Perdón representa un atropello a un derecho fundamental en presencia de el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar alrededor de otro banda», coincidía Juanma Bronceado, presidente andaluz, durante la inauguración de la nueva sede legislativo de Lucena, el segundo municipio más poblado de la provincia de Córdoba.
Allí, Bronceado ha afirmado que «Andalucía se dejará la piel en la defensa de la igualdad de todos los españoles, piensen como piensen y vivan donde vivan». Su gobierno confirmaba poco a posteriori el anuncio hecho por el dirigente y daba algunos detalles del arbitrio, muy parecido al de Madrid y al que la semana pasada presentó el PP. «La Articulación de Andalucía reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el entrenamiento de la potestad legislativa, pero recalca que dicha potestad está sujeta a límites, debiendo ejercerse de modo que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma ajuste de la misma».
Expediente socialista
No por esperada, la concurso de la comunidad de Castilla-La Mancha ha dejado de golpear la atención. El gobierno socialista de Emiliano García-Page ha cumplido con su palabra y ha registrado este lunes su arbitrio contra la norma impulsada por su propio partido. Otro desafío a La Moncloa por parte de su barón más indisciplinado. Las conclusiones del opinión solicitado al Consejo Consultivo son «contundentes» respecto a la inconstitucionalidad de la norma, han señalado a torrevieja news today fuentes del Ejecutor autonómico. Respecto a la adecuación de la ley al monolito de la constitucionalidad, -sobre lo que además se había pedido pronunciamiento-, el Consejo Consultivo determina que la Perdón no tiene cabida en la Constitución y, encima, plantea que su aprobación habría requerido una reforma constitucional. «La perdón no tiene encaje en el monolito constitucional. Vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad», señala el crónica.
Doble concurso
Todos los capital presentados hasta el momento van en la misma trayecto, denunciando la inconstitucionalidad de la norma al cuchichear de «una reforma ajuste» de la Carta Magna y haciendo hincapié en que haya sido impulsada por los mismos que van a beneficiarse de ella.
En el caso del escrito de la Xunta de Galicia, que además incluye la recusación de los tres magistrados citados, se apunta a que la norma «vulnera el principio de la separación de poderes al dejar sin sensación decisiones firmes adoptadas por el poder legislativo», según explicó Alfonso Rueda, presidente gallego.
En el caso de la Región de Murcia y Aragón, el arbitrio llegó al Tribunal Constitucional por partida doble. Encima de los gobiernos de sendas autonomías, sus parlamentos además elevaron un escrito al TC. La impugnación del Ejecutor murciano dirigido por Fernando López Miras expone dos argumentos principales. El primero es que la Constitución «no hace mención alguna a la institución de la perdón»; el segundo reside en que, incluso en el caso de que si tuviera encaje en la Carta Magna, la perdón vulnera de forma «evidente» hasta seis principios fundamentales consagrados en el ordenamiento procesal, entre ellos la igualdad entre españoles residan donde residan y la separación de poderes. «Es una ley vergonzosa que genera más desigualdad entre españoles», ha señalado el presidente murciano.
En el arbitrio de Aragón se expone un argumento novedoso, pues denuncia que la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de aprieto seguido para aprobar la Perdón «infringe los principios democráticos del Estado de derecho exigidos por la Unión Europea al no dar oportunidad de una adecuada billete social, institucional y política en su elaboración, conforme a las técnicas de la democracia deliberativa, lo que puede plantearse en presencia de el Tribunal de Rectitud de la Unión Europea por la vía de la cuestión prejudicial». Un asunto, el de elevar la cuestión a Europa, que no es pueril, pues en la dirección del Partido Popular confían mucho en que sean las instituciones europeas las que puedan frenar finalmente la norma.
En Cantabria, ha sido su parlamento el que ha presentado el arbitrio, al que se unirá hoy el del Gobierno regional. No será el único, pues el resto de comunidades presididas por el PP que no han explotado este lunes para hacer su registro lo llevarán a término a lo dispendioso de mañana. En Castilla y Audaz, el día festivo obligó a posponer la presentación que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco hará a lo dispendioso de este martes. Procedimiento similar del Ejecutor de la extremeña María Guardiola, de la balear Marga Prohens y del valenciano Carlos Mazón, quien ha calificado la Perdón de «irregularidad legislativa que rompe la fianza de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles, incluidos los más de cinco millones de valencianos. Premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad», ha señalado.
Por posterior, el gobierno de La Rioja debe aprobar este martes la presentación de su arbitrio. Un formalismo que concluirá la cascada burocrática que ha llenado la mesa de Conde-Pumpido de argumentos en contra de la perdón.