El Gobierno gallego ha registrado su apelación de inconstitucionalidad contra la ley de remisión este lunes, marcha en la que además lo han hecho los ejecutivos de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia –todos ellos gobernados por el PP– y el de Castilla La Mancha del socialista Emiliano García Page.
La presentación del apelación desde Galicia, confirmada por fuentes del Gobierno autonómico, fue aprobada el pasado lunes 2 de septiembre en la primera reunión tras el `parón` de agosto.
Como señaló entonces el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el apelación se sustenta en los dictámenes favorables del Consello Consultivo y de la consultorio jurídica de la Oficina autonómica.
Igualdad territorial quebrada
La “arbitrariedad de la ley”, la “hendedura del principio de igualdad territorial, jurídica y económica” y la “incumplimiento de la separación de poderes” son algunos de los argumentos que, en palabras de Rueda, hay para que la Xunta haya decidido interponer este apelación en presencia de el Tribunal Constitucional.
“Siempre hemos dicho que Galicia actuará con toda la contudencia cuando pensemos que hay normas que atentan contra sus intereses, como es el caso”, aseveró hace una semana el mandatario gallego.
La argumentación que emplea el Ejecutor gallego parte de la consideración de su consultorio jurídica, que entiende que la ley de remisión “contradice” artículos de la Constitución Española como el 9.1, que marca que “todos” los ciudadanos y poderes públicos estarán sometidos a la Carta Magna y el resto de ordenamiento sumarial.
Otro de los aspectos que la Xunta argumenta para transigir el texto en presencia de el Constitucional es la apreciación de que su aplicación “deja sin sorpresa decisiones firmes adoptadas por el poder procesal” y “hendedura el principio de seguridad jurídica” al desempeñarse un ámbito “amplio e indeterminado”.
Este miércoles 11 de septiembre finalizaba el plazo para interponer posibles, toda vez que la Ley de Indulto fija tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo ocasión el pasado 11 de junio.
Es inconstitucional para 7 comunidades autónomas
Este lunes han sido seis las comunidades autónomas del PP que han acudido a la honestidad: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, adicionalmente de Galicia.
A ellas se ha sumado el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, además ha presentado de modo telemática el apelación de inconstitucionalidad contra la ley de Indulto.
Page ha sido uno de los `barones` socialistas que se han mostrado desde el inicio contrarios a la norma pactada por Pedro Sánchez con los independentistas y ya en el mes de mayo anunció su intención de comparecer al Tribunal Constitucional en presencia de lo que considera “una golpe al concepto de igualdad”.