El Empleo de Trabajo y Patrimonio Social ha presentado este martes al Consejo de Ministros un existente decreto que refuerza los derechos de las empleadas del hogar. La nueva legislatura establece que los empleadores deben evaluar los riesgos laborales en los hogares donde se presta el servicio.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que las trabajadoras del hogar deben tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Según Díaz, históricamente se les ha torpe protección social y derechos fundamentales conveniente a la percepción errónea del valencia de su trabajo.
Entre las nuevas obligaciones para los empleadores se incluye realizar una evaluación de riesgos para la vitalidad y seguridad, que deberá ser documentada por escrito si se detectan problemas. El Instituto Franquista de Seguridad y Salubridad en el Trabajo proporcionará una útil para proporcionar esta evaluación, que deberá completarse en seis meses.
Encima, el decreto garantiza a las empleadas del hogar el derecho a interrumpir su actividad si se encuentran en una situación de peligro, sin que esto se considere motivo para rescindir su pacto. Asimismo se les ofrecerá un registro médico sin cargo cada tres primaveras, financiado por el Sistema Franquista de Salubridad, sin suscitar costos adicionales para el desembolso conocido.
De las más de 360.000 personas que trabajan en el servicio doméstico, la gran mayoría son mujeres. Esta nueva legislatura rebusca mejorar sus condiciones laborales y avalar su protección en el entorno gremial doméstico.