Las grandes infraestructuras hídricas son necesarias en una comunidad como Andalucía con unas reservas que vuelven al 30%, tienen presupuesto asignado y hay «voluntad y buen clima político» para su ejecución. Sin secuestro, los ritmos administrativos siguen siendo lentos como se puso de manifiesto el miércoles 11 de septiembre en la primera reunión del curso político entre el consiliario de Agricultura, Cabaña, Agua y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario de estado de Agua, Hugo Morán. Por este motivo, ambas administraciones subrayaron la menester de facilitar los trámites, de competencia estatal, tanto de elaboración de los anteproyectos técnicos como de negociación con los regantes para la aprobación de los nuevos convenios.
El principal objetivo de ambas administraciones es ampliar la red de desalación de agua de Andalucía que en la última situación crítica (antiguamente de las lluvias de primavera) se demostró como claramente insuficiente para las deyección de la comunidad autónoma. En este sentido, hay dos proyectos claves en los que que Gobierno y Unión de Andalucía trabajan de forma conjunta para acelerar y estrechar los plazos: las nuevas desaladoras de Almería y Costa del Sol con una inversión asociada que supera los 360 millones de euros.
En el caso de la desaladora de Almería, Bajo Almanzora II, el Gobierno central ha comunicado a la Unión de Andalucía que el borrador con el diseño estará culminado antiguamente de la finalización de este año de forma que en 2025 se pueda iniciar la tramitación ambiental, completar la cesión de los suelos de titularidad de la Unión de Andalucía y realizar las concesiones de agua, encima de suscribir el convenio entre Acuamed (empresa adjudicataria) y los futuros usuarios de las desaladoras. A partir de ahí se deben licitar y ejecutar las obras. Tendrá una capacidad de 20 hectómetros cúbicos al año.
En cuanto a la desaladora de la Costa del Sol, en la Axarquía, la situación administrativa es similar aunque con los plazos más dilatados. La previsión es que el borrador esté en febrero de 2025 y a partir de ahí se desarrolle todo el proceso para completar una infraestructura que partirá con una capacidad prevista de 25 hectómetros cúbicos pero que podrá alcanzar los 50 a medio plazo.
En los dos casos, la Unión de Andalucía y el Gobierno acordaron «avanzar en los convenios que se han de suscribir con los regantes» a través de reuniones que se celebren este mismo otoño, de forma que se puedan recortar plazos de tramitación y ejecución de los proyectos.
Próximo a esto, asimismo en Almería, el Gobierno central tiene como oposición la puesta en funcionamiento de nuevo de la desaladora de Bajo Almanzora, que lleva sin estar operativa desde 2012. Para ello, en estos momentos están en tramitación las actuaciones de reparación y puesta en servicio, una nueva lista eléctrica, las obras de protección, una intervención para que la producción final de este abastecimiento sea de 20 hectómetros cúbicos al año y un nuevo parque fotovoltaico que estará en funcionamiento en 2026.
En la desaladora de Carboneras están encima de la mesa la restablecimiento de la eficiencia energética, la modificación del residuos por el cerradura de la central térmica margen y el nuevo parque fotovoltaico que asimismo entrar en funcionamiento en el año 2026.
Adicionalmente de estas intervenciones, Gobierno y Unión analizaron la situación de la desaladora del Campo de Dalias con una ampliación de su capacidad a 40 hectómetros cúbicos programada, una red para la distribución del agua y el provisión a Adra, así como un nuevo parque fotovoltaico.
Portugal y Presa de Alcolea
El consiliario Ramón Fernández-Pacheco, que asumió las competencias de agua tras la salida de Carmen Crespo antiguamente del verano, llevaba encima dos peticiones al Gobierno central en las que se avanzó durante la reunión. En primer circunstancia, «desbloquear» la presa de Alcolea. La Unión ha propuesto al Empleo distintas opciones: desde que se desarrolle la obra conforme al convenio presente, que el Empleo permita al Gobierno andaluz que siga delante con la presa o, incluso, disolver el convenio y que se compense a Andalucía para que, con la cantidad comprometida, pueda desarrollar otra obra hidráulica. En cualquier caso, las dos administraciones se han mostrado conformes con terminar con la inacción que pesa hoy en día sobre esta gala, asimismo en la provincia de Huelva.
Por postrer, el consiliario ha pedido que el Gobierno andaluz pueda participar «con voz, pero sin voto» en las reuniones entre los Ejecutivos de España y Portugal para conseguir el mejor convenio de Albufeira posible para obtener agua del río Guadiana para la zona de Huelva. La Unión ha solicitado, de hecho, la regularización de Bocachanza I y la autorización de Bocachanza II. Ambas infraestructuras y sus normas de explotación están contempladas en el Plan Peculiar de Sequía y en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Tinto, Odiel, Piedras y Chanza.
La regularización de la época de bombeo Bocachanza I, que toma agua del estuario del Guadiana, consiste en un bombeo extraordinario que sólo funciona cuando el sistema se encuentra en situación de alerta (escasez severa) o emergencia (escasez peligroso). En concreto, averiguación estabilizar su participación de 75 hectómetros cúbicos anuales en 2024. La autorización de la época de bombeo Bocachanza II, por su parte, está declarada de Interés Universal del Estado al estar incluida en la Ley del Trasvase del Tinto, Odiel, Piedras Chanza a Guadalquivir.